El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha concedido uno de los contratos más polémicos del año: la Guardia Civil ha adjudicado un contrato de casi 750.000 euros para el suministro de balizas V16 a una empresa con tan solo dos empleados y cuyo responsable figura en los Papeles de Panamá.
La adjudicataria, Blu Castle Iberia SL, se ha impuesto a otras 14 ofertas para equipar a las unidades del cuerpo con estos dispositivos luminosos de emergencia, que desde el 1 de enero son obligatorios por ley para sustituir a los antiguos triángulos.
El contrato de las balizas se cierra con una empresa mínima
El contrato, correspondiente al expediente M/0015/A/25/2, fue tramitado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
La adjudicación, publicada el 18 de diciembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público, asigna a Blu Castle Iberia un importe de 619.650 euros sin IVA, que asciende a 749.776,5 euros con impuestos incluidos.
Aunque al concurso se presentaron 15 empresas, el contrato fue otorgado a Blu Castle Iberia pese a no ser la oferta más económica. Interior justificó su decisión alegando la necesidad urgente de equipar a los agentes con las nuevas balizas conectadas.
Lo llamativo es que la compañía apenas cuenta con dos trabajadores registrados en España, según sus últimos informes mercantiles, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad real de producción y logística para un contrato de esta magnitud.
Una empresa con dos empleados y raíces en Asia
Blu Castle Iberia SL fue fundada en 2012 bajo otro nombre, Agrupados Néctar 6 SL, dedicada inicialmente a la promoción inmobiliaria.
Meses después cambió su denominación y su actividad hacia el sector tecnológico. Desde entonces declara una facturación media de 2,5 millones de euros anuales, pese a mantener una plantilla mínima.
En 2022, la empresa incorporó a dos apoderados de origen chino, Liu Lei y Tan Guangping, con amplios poderes de representación. Todo apunta a que la compañía depende de la fabricación asiática de estos dispositivos, práctica habitual en el sector pero poco habitual en una empresa que contrata directamente con la Administración.
El administrador aparece en los Papeles de Panamá
Al frente de Blu Castle Iberia se encuentra Harold Charles Christian Fitch, un empresario francés residente en España desde hace años.
Fitch figura en los Papeles de Panamá como accionista de Galadreil International Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 2009 y disuelta en 2015.
Aunque su aparición en esta filtración internacional no implica delito alguno, sí lo vincula con estructuras offshore frecuentemente utilizadas para canalizar operaciones financieras o minimizar cargas fiscales, algo especialmente sensible en el contexto de los contratos públicos.
Antes de su llegada a Blu Castle Iberia, Fitch fue director de Comtrend UK Limited, una empresa tecnológica británica, hasta su dimisión en 2011. Desde 2016, el socio único de Blu Castle Iberia es Blu Castle SA, una sociedad matriz de la que apenas existe información pública.
El domicilio fiscal de la empresa está en un bajo de la calle Sancho Dávila, en Madrid, compartido con varias gestorías y sociedades sin relación aparente entre sí. Sin embargo, la compañía promociona otra sede en la Avenida de la Victoria 25, sin que conste oficialmente el cambio en el registro mercantil.
La baliza V16 se convierte en el nuevo negocio de oro
Desde la entrada en vigor de la nueva normativa de la DGT, las balizas V16 conectadas se han transformado en un negocio multimillonario.
Estos dispositivos sustituyen a los antiguos triángulos y permiten alertar automáticamente a la DGT cuando un vehículo sufre una avería o accidente en carretera.
El modelo Helios V16, fabricado por Blu Castle Iberia, ha logrado posicionarse entre los más visibles del mercado. La empresa presume de acuerdos institucionales y homologaciones que refuerzan su imagen como proveedor fiable de material de seguridad vial.
No obstante, el perfil de la compañía y su estructura opaca vuelven a poner bajo la lupa los criterios de adjudicación de la Administración.
Una adjudicación que reabre el debate sobre la transparencia
El hecho de que una empresa con dos empleados declarados, un administrador con pasado offshore y vínculos asiáticos haya obtenido uno de los contratos más altos del sector reaviva las dudas sobre la falta de control y supervisión en las licitaciones públicas.
En plena implantación obligatoria de las balizas V16, la decisión del Ministerio del Interior refuerza el negocio de un proveedor con una estructura societaria difícil de auditar.
El caso se suma a otros episodios recientes de adjudicaciones controvertidas, como el de las balizas contratadas por Correos, también bajo sospecha por su falta de solvencia.
(Relacionado: El sector público se lanza a la compra masiva de balizas V16 con precios dispares)
Marlaska evita pronunciarse sobre la elección del proveedor
Ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de Tráfico han ofrecido explicaciones detalladas sobre los criterios aplicados en esta adjudicación.
Fuentes de la oposición han pedido transparencia y exigen aclarar cómo una empresa con estructura mínima y administrador con antecedentes fiscales internacionales ha logrado un contrato de casi 750.000 euros para equipar a las patrullas de la Guardia Civil.
Mientras tanto, el contrato ya está en marcha y Blu Castle Iberia será la encargada de entregar más de 17.000 balizas V16 conectadas en los próximos meses.
