Se analizará si la exigencia se ajusta a los principios de proporcionalidad, competencia y protección del consumidor
VOX ha conseguido que el Parlamento Europeo incluya en su agenda el análisis y debate sobre la obligatoriedad de la baliza V16 en España, una medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha despertado una fuerte controversia entre conductores y expertos en seguridad vial debido a su coste, su funcionamiento y la forma en que ha sido impuesta.
Gracias a la iniciativa de los eurodiputados de VOX, las instituciones europeas evaluarán si la exigencia del uso de la baliza V16 cumple con los principios comunitarios de proporcionalidad, libre competencia y protección del consumidor. Este dispositivo sustituye de manera definitiva a los tradicionales triángulos de emergencia y será obligatorio en España a partir del 1 de enero de 2026.
Uno de los aspectos más criticados de la normativa es que no cualquier señal luminosa es válida. La baliza debe estar homologada por la Dirección General de Tráfico y conectada a la plataforma digital DGT 3.0, lo que implica el envío automático de la ubicación del vehículo. Esto obliga a los conductores a adquirir modelos específicos, cuyo precio suele oscilar entre los 40 y 60 euros, y cuya vida útil es limitada debido a que la conectividad integrada caduca tras varios años.
Desde VOX denuncian que esta obligación genera un mercado cerrado que beneficia a un número reducido de empresas autorizadas, además de concentrar el control de los datos en la propia DGT. También se pone en duda su efectividad real en materia de seguridad vial, ya que la baliza V16 no alerta de forma directa a otros conductores, sino que depende de que la información se transmita correctamente a los sistemas digitales de gestión del tráfico.
La polémica ha adquirido además un tono político. Desde el partido se acusa al director de la DGT, Pere Navarro, de promover lo que califican como una “solución tecnológica innecesaria”, más orientada al negocio que a la reducción de accidentes. Asimismo, se subraya que España ha ido mucho más lejos que otros países de la Unión Europea, donde estos dispositivos no son obligatorios o conviven con alternativas más económicas y sencillas.
Con el debate ya abierto en Bruselas, el Parlamento Europeo deberá determinar si la imposición de la baliza V16 vulnera la normativa europea sobre competencia y si existen medidas menos costosas para los ciudadanos. Mientras tanto, la obligación sigue vigente en España, en un clima de creciente rechazo social y con millones de conductores forzados a adquirir un dispositivo que, según sus detractores, representa un exceso administrativo más que un verdadero avance en seguridad vial.
