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Más de la mitad de los españoles se oponen a la regularización de inmigrantes ilegales propuesta por el Gobierno

Según una encuesta publicada en el diario El Mundo

Más del 55% de los ciudadanos españoles rechaza la ley de regularización de inmigrantes en situación irregular impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en colaboración con Sumar, según revela una encuesta elaborada por Sigma Dos y publicada por El Mundo. En concreto, el 55,1% de los encuestados se muestra en desacuerdo con esta medida, que podría beneficiar a más de 500.000 inmigrantes ilegales.

El estudio refleja que el rechazo a la regularización de inmigrantes es transversal y se extiende entre votantes de prácticamente todos los partidos políticos. Incluso entre los electores de las formaciones que sostienen al Ejecutivo se detectan importantes reticencias. Casi el 40% de los votantes del PSOE afirma estar “poco o nada de acuerdo” con la iniciativa, mientras que entre los simpatizantes de Sumar el porcentaje de oposición alcanza el 18,9%.

En cuanto a las razones que la ciudadanía atribuye a esta decisión, el 43,6% considera que responde principalmente a un cálculo electoral del presidente del Gobierno. Otros motivos, como necesidades económicas o laborales, presiones externas o causas diversas, obtienen apoyos menores y aparecen más fragmentados en la encuesta. Solo un 1,9% de los participantes cree que la regularización obedece a razones estrictamente humanitarias, lo que evidencia una percepción mayoritariamente política de la medida.

El sondeo también analiza la opinión pública sobre el uso del llamado decreto ómnibus, una fórmula legislativa mediante la cual el Ejecutivo agrupa distintas iniciativas en una sola norma. Esta práctica genera un rechazo cercano al 60% de los encuestados, incluyendo a un número significativo de votantes del PSOE y de Sumar, que cuestionan el procedimiento parlamentario empleado para sacar adelante leyes sin una mayoría clara en el Congreso.

En contraste, la prórroga de las ayudas a los municipios afectados por la dana en la Comunidad Valenciana cuenta con un respaldo ciudadano casi unánime, alcanzando el 89,2% de apoyo, lo que la convierte en una de las medidas mejor valoradas por la opinión pública.

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