Se dictaron un total de 41.315 órdenes de expulsión contra inmigrantes en situación irregular, pero solo se llevaron a cabo 4.365
Continúa un intenso debate sobre la regularización masiva de inmigrantes y sus probables consecuencias relacionadas con la seguridad en España. Y todo ello cuando además se conoce un informe oficial del propio Gobierno de Pedro Sánchez relacionado sobre su bajo cumplimiento en la ejecución de órdenes de expulsión.
Según datos revelados por fuentes oficiales, en 2025 se dictaron un total de 41.315 órdenes de expulsión contra inmigrantes en situación irregular, pero solo se llevaron a cabo 4.365 de ellas. Esto representa apenas un 10,56% de efectividad, un porcentaje que ha encendido alarmas entre opositores y expertos en política migratoria.
El informe, publicado en OkDiario, destaca que esta cifra supone un retroceso significativo en comparación con años anteriores. Durante el mandato de Sánchez, que asumió el poder en 2018, la gestión de la inmigración ha sido un tema controvertido.
Política de puertas abiertas
En 2024, por ejemplo, se ejecutaron alrededor del 15% de las órdenes similares, lo que ya generaba preocupación. Sin embargo, el descenso en 2025 se atribuye a factores como la saturación de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), la falta de acuerdos bilaterales con países de origen y una supuesta «política de puertas abiertas» promovida por el Ejecutivo socialista.
Para Alberto Núñez Feijóo, “este Gobierno está fallando en proteger nuestras fronteras. Con más de 37.000 órdenes pendientes, estamos ante un colapso que pone en riesgo la cohesión social y la seguridad nacional». Por su parte, VOX ha ido más lejos, exigiendo una investigación parlamentaria y acusando al PSOE de «fomentar la inmigración ilegal para fines electorales».
Respeto de los derechos humanos
Desde el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se defienden argumentando que muchas expulsiones se ven obstaculizadas por recursos limitados y procedimientos legales complejos. «No se trata de inacción, sino de respetar los derechos humanos y los convenios internacionales».
Además, destacan que en 2025 se registró un aumento del 20% en las llegadas irregulares por vía marítima, principalmente desde el norte de África, lo que ha sobrecargado el sistema.
Expertos en migración, como el profesor de la Universidad Complutense, Javier Ruiz, señalan que esta baja ejecución podría tener consecuencias a largo plazo. «España necesita una reforma integral de su Ley de Extranjería. Sin ella, el problema persistirá, afectando no solo a la economía sino también a la integración social».
El debate se intensifica en un contexto europeo donde países como Italia y Francia han endurecido sus políticas. En España, con elecciones generales previstas para 2027, este tema podría ser decisivo. Mientras tanto, miles de inmigrantes permanecen en limbo legal, y las organizaciones humanitarias como Cruz Roja advierten sobre el riesgo de vulnerabilidad extrema.
