La empresa contrató a políticos locales del PSOE para facilitar la autorización de parques eólicos en sus municipios
En una revelación publicada por El Confidencial, la Audiencia Nacional ha puesto bajo lupa las conexiones entre el PSOE de Aragón y Forestalia, el gigante de las energías renovables implicado en el escándalo conocido como ‘caso Leire’.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a este medio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la empresa contrató a políticos locales del PSOE para facilitar la autorización de parques eólicos en sus municipios, en un entramado que combina influencias políticas, ayudas públicas y posibles sobornos.
El caso estalló el pasado 10 de diciembre con una serie de detenciones, incluyendo la de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Leire Díez Castro, una figura clave en el PSOE y ‘fontanera’ del partido.
Según la información de El Confidencial, una filial de Forestalia, Arapellet SL, habría recibido una ayuda pública de 17,32 millones de euros de Sepides (filial de SEPI) tras la mediación de Díez y Fernández. Esta subvención se canalizó supuestamente a través de sobornos gestionados por Carmelo Aznárez Pellicer, administrador de Mediaciones Martínez SL, quien también está bajo investigación.
Imperio de Forestalia en Aragón
La trama se extiende a Aragón, donde Forestalia ha consolidado un imperio eólico con más de 1.500 MW instalados, prometiendo repoblamiento rural, pero generando fuertes resistencias locales por su impacto ambiental.
El magistrado Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 5, dirige las pesquisas en secreto, con registros en las sedes de Forestalia y otras entidades relacionadas.
Entre los proyectos destacados figura el Clúster del Maestrazgo, un megaproyecto de 22 parques eólicos con 744 MW de potencia, capaz de abastecer a 570.000 hogares, que ha recibido apoyo político directo.
Dirigentes del PSOE en Forestalia
El Confidencial revela que varios dirigentes del PSOE aragonés tienen vínculos directos con Forestalia. Por ejemplo, Roberto Ibañez Castellote, concejal socialista en Cuevas Labradas (Teruel), aparece como apoderado de sociedades como Turolense del Viento SL, vinculada a la empresa.
Otro caso es Jesús Sanagustín Fernández, concejal del PSOE en Albero Bajo (Huesca), quien fue administrador de Mascún Obra Civil SL, una firma que pasó a manos de Aznárez y que mantuvo contratos con Sumelzo SA, propiedad de la familia de Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe.
Además, el reportaje destaca un patrón de «puertas giratorias«: exdirigentes de múltiples partidos trabajan ahora para Forestalia. Julio Tejedor, exsecretario general de Presidencia bajo el gobierno de Javier Lambán (PSOE), actúa como asesor jurídico externo y ha sido fotografiado con Fernando Samper, presidente de la compañía.
Otros nombres incluyen a Luis Marruedo y Carlos Ontañón (ex del PAR), Daniel Lostao (ex de Chunta Aragonesista), José Manuel Soria (exministro del PP), y exconsejeros catalanes como Josep Grau y Felip Puig (CiU). Estas conexiones habrían facilitado aprobaciones ambientales y urbanísticas, similares a las prácticas de promotores inmobiliarios en el pasado.
Tratos de favor
En el contexto de las elecciones autonómicas de 2026, Tomás Guitarte, candidato de Aragón Existe, ha denunciado públicamente el «trato de favor desde el poder político» a Forestalia, iniciado bajo el mandato de Lambán y respaldado por Pilar Alegría, exministra y candidata del PSOE, quien votó a favor del Clúster como delegada del Gobierno.
Forestalia, fundada en 2011, no solo ha expandido su red eólica en Teruel y Huesca, sino que también colabora con gigantes como Amazon Web Services para suministrar energía a centros de datos. Sin embargo, las investigaciones sugieren que su éxito podría deberse en parte a influencias políticas irregulares.
Estas revelaciones ponen de manifiesto cómo las energías renovables, un sector clave para la transición ecológica, podrían estar salpicadas por prácticas corruptas. La Guardia Civil continúa con los registros, y se espera que el caso Leire revele más detalles en las próximas semanas.
