El Gobierno ha destinado 6,1 millones de euros a fletar vuelos para trasladar a más de 19.000 inmigrantes irregulares desde Canarias y otros puntos de llegada hasta la Península en menos de nueve meses. Una cifra que no incluye los costes posteriores de acogida y que evidencia una política migratoria basada en traslados masivos, contratos de emergencia y escasa coordinación con las comunidades autónomas.
Las resoluciones de adjudicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran una operativa sostenida en el tiempo, ejecutada al margen de los mecanismos ordinarios y apoyada de forma casi exclusiva en ONG subvencionadas por el propio Ejecutivo.
Canarias como punto de partida de un traslado constante
La presión migratoria sobre Canarias ha sido el principal argumento del Ejecutivo para justificar estos movimientos. Desde el archipiélago, miles de personas han sido trasladadas en avión a diferentes puntos de la Península con el objetivo declarado de evitar el colapso de los centros de primera acogida.
Entre enero y marzo de 2024, el Gobierno aprobó un gasto de 2,95 millones de euros para transportar por vía aérea a 9.240 personas. El contrato fue adjudicado por la vía de emergencia, un procedimiento excepcional que permite sortear los concursos públicos ordinarios.
Lejos de ser un caso aislado, el mismo esquema se repitió en los meses siguientes.
Contratos de emergencia que se convierten en norma
Entre abril y julio, Migraciones autorizó otro contrato por 1,9 millones de euros para trasladar a 5.940 inmigrantes, nuevamente bajo el paraguas de la tramitación de emergencia. En julio, una tercera resolución elevó el gasto en 1,26 millones adicionales para mover a 3.960 personas entre agosto y septiembre.
En total, 19.140 traslados y 6,12 millones de euros desembolsados en menos de un año. Un volumen que cuestiona el carácter “excepcional” de estas adjudicaciones y refuerza las críticas sobre la falta de planificación estructural.
ONG y externalización total de la gestión
Tras aterrizar en la Península, los inmigrantes irregulares son recibidos por ONG designadas por el propio Gobierno y redistribuidos por distintos puntos de la geografía española. El alojamiento se reparte entre albergues, pisos turísticos, hoteles, balnearios e incluso instalaciones estatales.
La ONG Accem concentra los tres contratos analizados y se ha convertido en una pieza clave del engranaje migratorio del Ejecutivo. A través de estas entidades, el Gobierno externaliza buena parte de la logística y la primera fase de acogida, financiada íntegramente con fondos públicos.
Este modelo ha generado un creciente malestar entre varias comunidades autónomas, que denuncian falta de información y ausencia de coordinación real.
Las comunidades se enteran cuando los inmigrantes ya están llegando
Gobiernos autonómicos del Partido Popular han denunciado en reiteradas ocasiones que se enteran de la llegada de inmigrantes cuando los traslados ya están en marcha o incluso una vez alojados, sin margen para activar recursos sanitarios, educativos o de seguridad.
En algunos casos, aseguran haber recibido antes la información por parte de las ONG que desde las propias delegaciones del Gobierno. Una situación que ha alimentado la sensación de improvisación y de imposición de hechos consumados.
Desde las autonomías se reprocha que el Ejecutivo central decide, traslada y redistribuye sin consensuar ni informar con antelación, descargando después la presión asistencial sobre los territorios receptores.
Opacidad y millones sin control parlamentario
El uso reiterado de contratos de emergencia permite al Gobierno evitar los procedimientos ordinarios de contratación y reduce el control parlamentario sobre el gasto. Esta fórmula, pensada para situaciones puntuales e imprevisibles, se ha encadenado desde octubre de 2023 hasta convertirse en la vía habitual de gestión migratoria.
A ello se suma la opacidad inherente a este tipo de adjudicaciones, que concentran millones de euros en un reducido número de entidades sin competencia abierta ni fiscalización previa.
La política migratoria de Pedro Sánchez queda así marcada por una estrategia basada en el traslado masivo, la externalización y la urgencia permanente, mientras crece el debate político sobre el coste económico, la transparencia y el impacto real de estas decisiones en el conjunto del país.
