Recuperar una vivienda ocupada ilegalmente en España se ha convertido en una carrera de fondo. La obligación legal de negociar previamente con los okupas antes de acudir a los tribunales está provocando que los desahucios se alarguen hasta 14 meses de media, y en los peores casos hasta tres años o más si el ocupante recurre.
Lo que nació como una herramienta para aliviar la carga judicial se ha transformado, según juristas y propietarios, en un nuevo freno para el derecho de propiedad, con efectos ya visibles en todo el país.
La clave está en la Ley de Eficiencia de la Justicia, en vigor desde abril, que obliga a intentar un acuerdo extrajudicial antes de presentar la demanda. Sin ese paso previo, el juez inadmite directamente el procedimiento.
Un requisito legal que retrasa meses el desalojo
La norma obliga a realizar un MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), es decir, una negociación formal con el ocupante. Solo este trámite puede retrasar el proceso entre uno y cuatro meses, dependiendo del caso.
En los desahucios por impago del alquiler o por contratos vencidos, el procedimiento incluye un plazo mínimo de 30 días para que el ocupante responda a la propuesta del propietario. Si no lo hace, se entiende cumplido el requisito y se puede acudir al juzgado.
Pero ahí no termina el calvario. Una vez presentada la demanda, los tribunales tardan entre ocho y diez meses de media en dictar sentencia, debido al colapso judicial.
El resultado es demoledor: más de un año para recuperar una vivienda, incluso cuando el propietario tiene razón.
Los juzgados saturados y más burocracia
El problema no afecta solo a los casos de okupación. La obligación del MASC se aplica a todos los asuntos civiles, lo que ha disparado la carga de trabajo en los juzgados.
Ahora, además de resolver el fondo del asunto, la Administración de Justicia debe comprobar que el propietario ha intentado negociar correctamente. Si falta un documento o hay un defecto formal, el procedimiento se paraliza.
Según expertos legales, este control añadido está ralentizando miles de desahucios en toda España, generando un cuello de botella judicial sin precedentes.
No es lo mismo un inquiokupa que un okupa total
La ley distingue varios escenarios, pero en la práctica muchos acaban en el mismo punto muerto.
En los desahucios por precario, cuando alguien ocupa una vivienda sin contrato porque el propietario se la cedió temporalmente —un familiar, una expareja o un conocido—, la negociación previa también es obligatoria.
En la okupación clásica, cuando alguien entra en una vivienda vacía, existe un procedimiento rápido que permite recuperar el inmueble en unos cuatro meses. Pero solo se aplica si el propietario actúa con rapidez y es una persona física.
Si la vivienda pertenece a una empresa o ha pasado más de un año sin denunciar, el juicio exprés desaparece y el caso pasa al procedimiento de precario, con negociación obligatoria incluida.
Identificar al okupa puede retrasarlo todo aún más
Uno de los mayores problemas es que para negociar hay que identificar al ocupante. Eso implica enviar a la policía, localizar a la persona que vive dentro y formalizar la comunicación.
Pero en la práctica, los okupas cambian. Hoy está uno y mañana otro. Y eso abre la puerta a nuevas dilaciones.
Abogados especializados advierten de que muchos okupas se oponen a la demanda alegando que no se ha negociado con ellos personalmente, aunque lleven pocos días en la vivienda. El juez puede aceptar el argumento y obligar a reiniciar el proceso.
Cada vez que ocurre, el desahucio se retrasa otros tres o cuatro meses.
Recurrir puede alargar el proceso hasta cuatro años
Si el okupa decide recurrir la sentencia, el problema se multiplica. Las Audiencias Provinciales están colapsadas y resolver una apelación puede tardar entre dos y tres años adicionales.
En los casos de impago del alquiler, los inquilinos suelen recurrir menos porque deben consignar las rentas impagadas. Pero en la okupación ilegal pura, no existe ese freno económico.
El propietario, mientras tanto, sigue pagando comunidad, suministros y, en muchos casos, la hipoteca.
La vulnerabilidad como freno definitivo
A todo lo anterior se suma un factor clave: la vulnerabilidad. Si el ocupante acredita una situación vulnerable, el procedimiento puede suspenderse durante meses adicionales.
Este escenario es cada vez más frecuente y añade una enorme incertidumbre a los propietarios, que no saben cuándo ni cómo podrán recuperar su vivienda.
Negociar para perder menos
Ante este panorama, muchos propietarios optan por negociar a la desesperada. Las fórmulas más habituales incluyen perdonar deudas, asumir pérdidas económicas o conceder plazos de salida a cambio de recuperar el inmueble sin años de litigio.
Lo que debía ser una vía alternativa se ha convertido, para muchos, en una imposición encubierta que beneficia al okupa y castiga al dueño.
El resultado es un mensaje claro en toda España: ocupar una vivienda sale barato y desalojar sale caro. Y mientras la ley siga obligando a negociar antes de proteger al propietario, los desahucios seguirán eternizándose.
