Los juzgados españoles afrontan uno de los mayores atascos judiciales de los últimos años tras la caída del decreto ómnibus. La derogación de la prórroga del llamado escudo social ha desbloqueado decenas de miles de procedimientos de desahucio que llevaban meses e incluso años congelados, provocando un efecto embudo que ya se deja sentir en los juzgados de primera instancia de todo el país.
La situación afecta tanto a okupas como a inquiokupas, y ha reactivado un conflicto latente entre propietarios y ocupantes que amenaza con tensionar aún más el sistema judicial en 2026.
Más de 60.000 procedimientos vuelven a ponerse en marcha
Según cálculos de la Asval, alrededor de 60.000 procedimientos estaban pendientes de reactivación tras el rechazo parlamentario del decreto. No todos acabarán en lanzamiento inmediato, pero la activación simultánea de miles de expedientes ha disparado la carga de trabajo de los juzgados.
Magistrados y abogados coinciden en que se trata de un escenario inédito. Expedientes retenidos durante meses han comenzado a tramitarse de golpe, saturando juzgados que ya operaban al límite.
El resultado es un calendario judicial tensionado y una previsión clara: 2026 será un año crítico para los desahucios en España.
El fin de una moratoria que venía de la pandemia
El decreto rechazado prorrogaba medidas nacidas durante la pandemia, entre ellas la suspensión de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortar suministros básicos como agua, luz o gas.
Durante años, muchos propietarios no pudieron recuperar sus viviendas ni siquiera con sentencia favorable. Con la caída de la norma, esos procedimientos han quedado automáticamente desbloqueados.
El efecto ha sido inmediato. Los juzgados han empezado a recibir expedientes acumulados, generando retrasos, señalamientos en cascada y un colapso que ya reconocen fuentes judiciales.
La presión económica acelera los desalojos
El contexto económico añade más leña al fuego. Desde 2021, la inflación, la subida del alquiler y el encarecimiento de las hipotecas por el aumento del euríbor han deteriorado la situación de miles de hogares.
Esto ha provocado un repunte de la morosidad, que según consultoras del sector se sitúa entre el 6 y el 9 por ciento. Fondos inmobiliarios, bancos y pequeños propietarios han decidido reactivar de forma masiva sus reclamaciones.
Si no se aprueba una nueva moratoria, los expertos advierten de que los desahucios podrían superar los niveles de 2013, el año más duro tras la crisis financiera.
Bancos y grandes tenedores también reactivan demandas
La avalancha no afecta solo a particulares. Entidades financieras han retomado ejecuciones hipotecarias paralizadas y grandes tenedores han puesto en marcha reclamaciones de rentas impagadas.
Despachos especializados en derecho bancario confirman un aumento notable de consultas. Muchos afectados desconocen que todavía existen márgenes legales para solicitar suspensiones o aplazamientos, especialmente en casos de vulnerabilidad acreditada.
El problema es que cada caso debe analizarse de forma individual, lo que añade aún más carga a un sistema ya saturado.
Los plazos vuelven a correr y el lanzamiento se acerca
Con la caída del decreto, se aplican de nuevo los plazos previstos en la Ley de Vivienda 2023. En términos prácticos:
- Dos meses de espera máxima para personas físicas
- Cuatro meses para grandes tenedores o personas jurídicas
Si en ese plazo los servicios sociales no ofrecen una alternativa habitacional, el lanzamiento puede ejecutarse.
Este cambio ha acelerado la presentación de escritos y solicitudes de desalojo en juzgados de toda España.
Los propietarios podrán reclamar compensaciones económicas
La derogación del decreto también abre una vía económica para los propietarios. Aquellos que hayan visto suspendido el lanzamiento podrán reclamar compensaciones por las rentas no percibidas hasta el 2 de febrero de 2026.
La cuantía se calculará en función del valor medio del alquiler en la zona de la vivienda, utilizando índices oficiales o informes de portales inmobiliarios. Si la renta pactada era inferior, se tomará como referencia esa cantidad.
Además, se podrán incluir gastos asumidos por el propietario, como comunidad, suministros o mantenimiento del inmueble.
Un sistema judicial al límite
La reactivación masiva de procedimientos ha puesto en evidencia las debilidades estructurales de la Justicia española. Juzgados saturados, falta de medios y un volumen de casos que crece sin que aumenten los recursos.
Mientras el Gobierno de España estudia si volver a presentar una nueva moratoria y en qué términos, miles de propietarios y ocupantes esperan una resolución que cada día se retrasa más.
El mensaje que deja la caída del decreto es claro. El conflicto de la okupación vuelve a los tribunales de golpe, y esta vez sin red de contención.
