Pedro Sánchez endurece el control digital en España: veto a menores, sanciones a directivos y rastreo de “odio y polarización”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado desde Dubái una de las medidas más contundentes de su mandato: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. “Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido”, afirmó ante líderes mundiales en el World Governments Summit, donde también advirtió que los algoritmos “distorsionan el debate público y manipulan nuestros datos e imágenes”.
Un giro radical: las redes bajo control estatal
La medida llega en medio de un clima creciente de preocupación por la salud mental infantil y el impacto de plataformas como TikTok o Instagram en la polarización política. Según Sánchez, el objetivo es “proteger a los jóvenes y recuperar la soberanía digital frente a las grandes tecnológicas”.
El plan incluye cinco reformas legislativas, entre ellas la obligación de las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad y la responsabilidad penal directa de sus directivos por contenidos ilegales u ofensivos. También se prohibirá la manipulación de algoritmos con fines de desinformación o amplificación de odio.
“No podemos permitir que empresas privadas decidan qué vemos, qué pensamos y cómo nos sentimos”, subrayó el presidente.
La “Huella de Odio” y el control de los contenidos
Una de las propuestas más polémicas es la creación de una Huella de Odio y Polarización, un sistema estatal de rastreo y trazabilidad de mensajes que permitirá identificar la difusión de discursos extremistas o falsos.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que esta herramienta no será un sistema de censura, sino una forma de “medir el impacto social del discurso digital”. Sin embargo, juristas y asociaciones de derechos digitales ya han advertido del riesgo de vigilancia masiva y del posible uso político de los datos.
Europa se alinea: la “Coalición de los Dispuestos Digitales”
España se ha sumado además a la llamada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, junto con otros cinco países europeos que buscan imponer una regulación común frente a las tecnológicas. Se trata de un movimiento que pretende replicar el modelo de protección digital que ya impulsa la Unión Europea con la Ley de Servicios Digitales (DSA).
El anuncio de Sánchez refuerza la línea de tensión entre gobiernos europeos y gigantes tecnológicos como Meta, X o TikTok, que recientemente han sido multadas por el uso indebido de datos de menores.
Reacciones divididas
Mientras asociaciones de padres y psicólogos celebran el anuncio, las críticas no han tardado en llegar desde la oposición y expertos en ciberlibertades.
El catedrático en Derecho Digital Javier Salas advirtió que “el control algorítmico estatal puede abrir la puerta a una supervisión ideológica del discurso en redes”.
Desde la oposición, se ha acusado al Gobierno de intentar controlar la narrativa pública bajo la excusa de la protección de menores. Vox y PP ya han pedido la comparecencia urgente de la ministra de Asuntos Digitales para aclarar el alcance real del proyecto.
Contexto: la obsesión del Gobierno con el control informativo
No es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez propone reformas de corte intervencionista en el ámbito digital. En 2024 ya impulsó el polémico plan de “verificación pública” de medios, que fue criticado por la Asociación de la Prensa. Además, el propio presidente ha señalado en varias ocasiones que la desinformación “es una amenaza para la democracia”.
Medidas similares se han aplicado en países como Francia y Alemania, aunque con límites más claros sobre la libertad de expresión. En España, la propuesta ha desatado un intenso debate sobre dónde termina la protección y dónde empieza la censura.
Enlaces relacionados y contexto interno
Esta ofensiva digital de Sánchez recuerda al control institucional en otros frentes. Ya en octubre, el portal La Bandera reveló que Sánchez chantajea a la oposición democrática usando a las víctimas de la DANA para imponer su agenda política, y semanas antes se publicaba que el Gobierno usa a la Guardia Civil contra quienes increparon a Sánchez mientras huía de Paiporta, lo que refuerza el patrón de uso del poder estatal con fines de control del relato público.
