Puigdemont no podrá regresar a España sin enfrentarse a la cárcel y seguirá atrincherado en su lujoso refugio belga
En un nuevo golpe a la unidad de España y al imperio de la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, el expresidente catalán huido de la justicia desde 2017.
Aunque la sentencia se basa en meros tecnicismos procesales, como la supuesta falta de imparcialidad de un ponente vinculado al grupo conservador ECR, que incluye a VOX, el resultado práctico es nulo para el separatista: Puigdemont no podrá regresar a España sin enfrentarse a la cárcel y seguirá atrincherado en su lujoso refugio de Waterloo, Bélgica, mientras espera otro veredicto sobre la controvertida ley de amnistía impulsada por el Gobierno del Sanchismo.
Esta resolución, notificada este jueves, representa un triunfo pírrrico para los independentistas catalanes, que ven cómo su líder sigue evadiendo las consecuencias del ilegal referéndum de 2017 y el proceso por sedición y malversación.
Puigdemont a prisión
Sin embargo, para los defensores de la Constitución y la integridad territorial de España, es un escándalo que pone en evidencia cómo Bruselas interfiere en asuntos nacionales, priorizando formalismos burocráticos sobre la persecución de delitos graves contra el Estado. «Es indicativo no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Cataluña, sino también de una posición favorable al procesamiento de los diputados», reza la sentencia del TJUE, refiriéndose al evento organizado por el ponente búlgaro Angel Dzhambazki en 2019, donde se clamaba «Puigdemont a prisión».
Paradójicamente, esta crítica al ECR, un grupo que defiende valores conservadores y la lucha contra el separatismo, solo sirve para dilatar la justicia, permitiendo que Puigdemont continúe su vida de exiliado dorado mientras España sufre las divisiones provocadas por el nacionalismo catalán.
Estabilidad política española
Las consecuencias de esta decisión son tristes para la estabilidad política española. En primer lugar, refuerza la impunidad de los líderes independentistas: Puigdemont, que ya no es eurodiputado, no recupera ninguna protección efectiva, pero el fallo envía un mensaje peligroso a otros potenciales sediciosos, sugiriendo que huir al extranjero y enredarse en litigios europeos puede eternizar su libertad.
Esto debilita el sistema judicial español, que ha visto cómo el Supremo solicitó en vano la extradición del fugado en múltiples ocasiones. «Es una bofetada a las víctimas del procés y a la democracia española. Mientras Sánchez pacta amnistías con separatistas para mantenerse en el poder, Europa mira para otro lado».
Ley de amnistía
Por otro lado, el fallo impacta directamente en la ley de amnistía, esa herramienta del PSOE para blanquear los delitos del independentismo y comprar apoyos parlamentarios.
Puigdemont aguarda en Waterloo un dictamen separado del TJUE sobre si esta norma choca con el derecho europeo, pero la anulación actual, que también afecta a Toni Comín y Clara Ponsatí, podría envalentonar a los secesionistas a presionar por más concesiones.
VOX, por su parte, ha calificado la sentencia de «ataque frontal a la unidad de España«, recordando que su implicación en el proceso no era más que un compromiso con la legalidad. «No permitiremos que Bruselas proteja a traidores».
En el plano económico y social, las repercusiones no son menores. Cataluña, aun recuperándose de la inestabilidad generada por el procés, ve cómo la figura de Puigdemont sigue polarizando la sociedad, alimentando tensiones que frenan inversiones y promueven la división.
Mansión en Bélgica
Expertos constitucionalistas advierten de que esta perpetuación del exilio podría reactivar movilizaciones independentistas, especialmente si la amnistía falla, lo que pondría en jaque la cohesión nacional que tanto ha costado mantener bajo gobiernos de derechas anteriores.
En resumen, mientras Puigdemont brinda desde su mansión belga, España paga el precio de una Europa desconectada de la realidad nacional. Esta decisión no solo prolonga su estancia en Waterloo, lejos de rendir cuentas ante los tribunales españoles, sino que erosiona la confianza en las instituciones y fortalece a quienes buscan romper el país.
