Energéticas alertan al Gobierno que ‘la red estará cerrada’, incapaz de aceptar más proyectos de vivienda, industria o centros de datos
Rumbo al subdesarrollo: cuando no es por la incompetencia y la corrupción, es por la burocracia que afecta a red eléctrica española. Las grandes eléctricas elevaron el tono ante el Gobierno y la CNMC porque la red española de transporte y distribución se queda sin margen para admitir nuevos consumidores en muchos puntos del país.
En septiembre pasado, Endesa alertó que casi nueve de cada diez puntos de conexión no admiten nueva demanda, según datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec). Las compañías alertan que, si no corrigen de forma urgente la planificación y la ejecución de los refuerzos, la red estará cerrada para los proyectos emergentes como las nuevas construcciones de vivienda o los centros de datos que demandan gran consumo eléctrico.
En ese sentido, la presión crece por la saturación en distribución que provoca rechazos masivos de solicitudes de acceso, agravada por la demanda de centros de datos que exigen un plan acelerado de inversión para no perder oportunidades de digitalización.
El mensaje, del que se hizo eco El Economista, incluye una crítica directa a Red Eléctrica, que invirtió por debajo de su límite máximo durante años, y a la lentitud administrativa que retrasa la transformación de planes en obras reales.
Las energéticas reclaman un mecanismo de urgencia que permita planificar con rapidez
La CNMC mantiene en audiencia una propuesta que retrasa tres meses la publicación de los primeros mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte, del 2 de febrero al 4 de mayo de 2026, con el objetivo de cerrar parámetros técnicos críticos y evitar mostrar capacidad nula en numerosos nudos según los datos actuales.
Las energéticas reclaman un mecanismo de urgencia que permita adaptar la planificación con rapidez y sin revisiones largas. La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible acorta plazos de manera drástica: desde noviembre de 2025 el operador del sistema remite cada cuatro meses un informe a la Secretaría de Estado de Energía con los nudos, y esta resuelve en dos meses y no en dos años, como en procedimientos anteriores.
Las eléctricas insisten en liberar capacidad real a corto plazo mediante construcción más rápida de red y reordenación urgente de lo existente para evitar que posiciones queden inmovilizadas por etiquetas administrativas.
El calendario de los próximos meses resulta decisivo porque el aplazamiento de los mapas y el nuevo mecanismo legal deben traducirse en desbloqueos efectivos o el país enfrentará una barrera adicional para proyectos listos para invertir.
