Hasta un millón y medio de trabajadores por cuenta propia recibieron ayudas
Casi seis años después del inicio de la pandemia del coronavirus, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de revisión de las ayudas extraordinarias concedidas a autónomos durante 2020 y 2021, lo que está derivando en reclamaciones de devolución a decenas de miles de beneficiarios. La medida responde a controles posteriores para verificar si se cumplieron los requisitos exigidos en el momento de acceder a estas prestaciones.
Durante la fase más dura de la crisis sanitaria, la Administración aprobó prestaciones excepcionales para trabajadores por cuenta propia, especialmente por cese total de actividad o por caídas significativas de ingresos. Según datos publicados por The Objective, estas ayudas llegaron a beneficiar a cerca de 1,5 millones de autónomos en toda España.
Revisión retroactiva de las ayudas COVID a autónomos
Actualmente, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social están solicitando de forma retroactiva la documentación necesaria para acreditar que los beneficiarios cumplían los criterios establecidos en cada normativa. Esto incluye demostrar la reducción de facturación o la paralización de la actividad dentro de los límites marcados por la legislación vigente en cada momento.
En los casos en los que no se puede justificar el cumplimiento de dichos requisitos, las mutuas inician expedientes de reintegro de las ayudas, lo que está generando preocupación entre el colectivo de autónomos.
Un porcentaje reducido, pero una revisión generalizada
Representantes del sector señalan que las devoluciones efectivas afectan aproximadamente al 3% del total de las ayudas concedidas, aunque advierten de que el proceso de revisión se está aplicando de forma masiva. La inquietud entre los afectados se debe, en gran parte, al marco normativo cambiante con el que se aprobaron estas prestaciones, marcado por sucesivas modificaciones legales y criterios interpretativos poco estables.
El impacto del procedimiento no es uniforme. Algunos expedientes afectan a autónomos que ya han cerrado sus negocios, se han jubilado o atraviesan dificultades económicas, lo que complica aún más la gestión de la documentación requerida.
Posturas enfrentadas entre mutuas y asociaciones
Desde las mutuas se defiende que estas revisiones responden a obligaciones legales de control del gasto público. Sin embargo, asociaciones de autónomos alertan del riesgo de que los beneficiarios acaben pagando las consecuencias de un diseño normativo excepcional, aprobado con urgencia en un contexto sin precedentes.
La Seguridad Social recuerda que las prestaciones por cese de actividad durante la pandemia se concedieron con carácter provisional, precisamente para garantizar su rápida tramitación. Tras una evaluación posterior del Tribunal de Cuentas, se activó el proceso de comprobación y el correspondiente trámite de audiencia.
Miles de expedientes aún sin resolver
De las ayudas aprobadas en el marco del primer real decreto ley, más de 40.000 han sido finalmente reclamadas. A finales de 2025, alrededor de 60.000 autónomos seguían pendientes de resolución, en un sistema que en total desembolsó más de 3.700 millones de euros en prestaciones durante la pandemia.
