La provincia de Castellón registra 3.592 beneficiarios foráneos de la ayuda del Gobierno del Sanchismo frente a solo 7.150 españoles
La provincia de Castellón se convierte en un preocupante ejemplo de cómo las políticas migratorias y sociales del Gobierno de Pedro Sánchez están desviando recursos públicos masivamente hacia extranjeros, mientras miles de españoles en situación de necesidad ven limitadas sus opciones.
Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes a la nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de enero de 2026, en la provincia de Castellón los extranjeros ya acaparan más de un tercio de todas las ayudas: exactamente el 33,3% de los beneficiarios son foráneos.
En cifras concretas: 3.592 perceptores extranjeros frente a solo 7.150 españoles. Esto significa que, proporcionalmente, los inmigrantes reciben una parte desproporcionada de una prestación pensada originalmente para proteger a los ciudadanos españoles más vulnerables.
Deriva en España
En el conjunto de la Comunidad Valenciana, la tendencia es igualmente alarmante: de los 90.073 beneficiarios totales del IMV, 19.969 son extranjeros (un 22,2% del total), mientras que 70.056 tienen nacionalidad española.
En la provincia de Alicante, pese a su elevado peso demográfico de población extranjera, la proporción es algo menor con 8.069 foráneos frente a 29.920 nacionales, aunque sigue siendo muy significativa.
Estos números evidencian una clara deriva: mientras el Ejecutivo socialista presume de «escudo social«, los datos demuestran que una parte creciente de las ayudas —pagadas con los impuestos de todos los españoles— termina en manos de personas que llegaron al país en los últimos años, muchas veces sin haber contribuido apenas al sistema.
Replanteamiento urgente
En Castellón, la proporción roza niveles que duplican con creces el peso relativo de la población extranjera en muchas otras provincias españolas.
Ante esta realidad, crecen las voces que exigen un replanteamiento urgente. Porque es razonable que una ayuda de emergencia como el IMV se convierta en un imán para la inmigración irregular o poco cualificada, en detrimento de los propios nacionales que llevan generaciones sosteniendo el Estado del Bienestar. La provincia de Castellón ya da la voz de alarma.
