El extranjero maltrataba de forma habitual a la víctima y, tras matarla salvajemente, intentó ahogar a los menores en el Ebro
El hombre que asesinó a su esposa, Salwa, el 8 de julio de 2023 en su domicilio de Logroño aceptó una condena de 41 años y tres meses de prisión después de reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con las acusaciones. Después del crimen, el asesino (identificado por la presa como Samer) intentó ahogar a sus tres hijos en el Ebro, pero varios testigos rescataron a dos niñas que llegó a tirar al río.
La magistrada presidenta del tribunal confirmó el pacto y declaró innecesaria la constitución del jurado popular el próximo 13 de febrero. Según la sentencia, el condenado cumplirá 22 años y seis meses por el asesinato, seis años por cada uno de los tres homicidios en grado de tentativa contra sus hijos y nueve meses por el delito continuado de maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer.
Maltratador habitual durante años
El día del crimen, el ciudadano sirio dejó a sus tres hijos menores en la biblioteca pública Rafael Azcona para apartarlos del domicilio familiar, regresó a casa y atacó a Salwa de forma sorpresiva con objetos contundentes y múltiples cuchilladas que le provocaron una muerte dolorosa y agónica.
Luego se limpió, se cambió de ropa, recogió a los niños y los trasladó en autobús hasta la ribera del río Ebro donde intentó ahogarlos sabiendo que ninguno sabía nadar. El hijo menor logró huir y pedir auxilio mientras unas personas rescataron a las dos hijas, que resultaron ilesas.
Cuando la policía acudió alertada por los testigos el acusado confesó haber matado a su esposa y señaló el lugar donde estaba el cuerpo. Además había sometido a Salwa a violencia física y psicológica de forma habitual durante los últimos años de convivencia.
El ciudadano sirio pierde la patria potestad
El condenado también debe indemnizar a sus tres hijos con 1.200.000 euros y a los padres de la víctima con 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La sentencia le priva de la patria potestad, le prohíbe residir en la misma localidad que ellos y los familiares de Salwa y le impone la prohibición de comunicarse o aproximarse a ellos durante 25 años en total junto con diez años de libertad vigilada.
