Solo en Barcelona, alrededor de 830 de estos perfiles serían responsables del 34% de determinados delitos, principalmente hurtos, robos con fuerza y sustracciones
El decreto de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, acordado con Sumar-Podemos y en tramitación desde finales de enero, desata una fuerte polémica en Cataluña.
Según fuentes policiales y judiciales consultadas por diversos medios, la medida podría beneficiar a miles de delincuentes multirreincidentes que acumulan numerosas detenciones sin condena firme, abriendo una vía directa a la residencia y al permiso de trabajo.
El Real Decreto establece como requisito principal la ausencia de antecedentes penales (condenas firmes inscritas en el Registro Central de Penados), pero no exige explícitamente revisar los antecedentes policiales ni el historial de detenciones múltiples.
Este vacío legal, denuncian sindicatos policiales como el SUP y fuentes de los Mossos d’Esquadra, permitiría que personas con decenas de arrestos, en algunos casos treinta o cuarenta, obtengan la regularización sin obstáculo.
En Cataluña la situación se considera especialmente grave. Las fuerzas de seguridad estiman que existen unos 4.000 multirreincidentes identificados en la comunidad, muchos de ellos extranjeros en situación irregular.
Solo en Barcelona, alrededor de 830 de estos perfiles serían responsables del 34% de determinados delitos, principalmente hurtos, robos con fuerza y sustracciones en vía pública.
Delincuentes sin sentencia firme
Un porcentaje significativo de estos casos involucra a personas sin sentencia firme, lo que las dejaría habilitadas para acogerse al proceso.
El Gobierno defiende la medida como una respuesta humanitaria y pragmática: regularizar a entre 500.000 y 800.000 personas que ya residen y trabajan de facto en España, evitando su explotación laboral y permitiendo su plena integración fiscal y social.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá previsiblemente en abril y se cerrará el 30 de junio de 2026. Los solicitantes deben acreditar estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, al menos, cinco meses continuados en el momento de la petición, además de no suponer amenaza para el orden público.
Riesgo para la seguridad ciudadana
En Cataluña se calcula que entre 120.000 y 150.000 personas podrían beneficiarse, lo que representa entre el 24 % y el 30 % del total nacional según estimaciones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
La oposición y sectores conservadores califican la iniciativa de “irresponsable” y alertan de un riesgo directo para la seguridad ciudadana en ciudades como Barcelona, donde la delincuencia urbana ya genera gran preocupación.
Mientras el Ejecutivo insiste en que la medida ordena una realidad existente y cuenta con amplio respaldo social (respaldada por una ILP con más de 700.000 firmas), el debate sobre los filtros de seguridad sigue abierto y polarizado a pocas semanas del inicio del proceso.
