Un inmigrante marroquí mayor de edad logró permanecer 390 días en un centro de menas en Ceuta tras hacerse pasar por menor y percibió más de 27.000 euros en ayudas públicas. Ahora ha sido condenado, pero no será expulsado y su pena de prisión ha quedado suspendida.
El caso vuelve a poner el foco en el sistema de acogida y en los controles de edad aplicados durante la crisis migratoria de 2021.
Cómo logró entrar en el sistema de menores
Los hechos se remontan al 17 de mayo de 2021, en plena entrada masiva de migrantes a Ceuta durante la crisis fronteriza con Marruecos. El acusado accedió ilegalmente a la ciudad y presentó una carta de identidad falsa en la que aseguraba haber nacido en julio de 2004.
Esa documentación le permitió ser reconocido como menor extranjero no acompañado y ser trasladado al centro de Piniers, donde permaneció más de un año.
Durante ese tiempo, el sistema público asumió su manutención, alojamiento y asistencia, con un coste total de 27.300 euros.
Tres años más de los declarados
La sentencia de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta recoge que el acusado ocultó su pasaporte real, donde constaba que había nacido en 2001, es decir, tenía tres años más de los que declaró.
Fue descubierto en Córdoba cuando intentó renovar su autorización de residencia. La Policía Nacional comprobó su identidad real tras contactar con la embajada española en Marruecos.
El engaño quedó acreditado y el acusado terminó reconociendo los hechos.
Condenado pero no expulsado
El tribunal le ha impuesto una pena de 1 año, 9 meses y 1 día de prisión por falsificación de documento público y fraude de subvenciones, además de una multa de nueve meses con una cuota diaria de tres euros.
Sin embargo, no será expulsado del territorio nacional.
El condenado alegó arraigo y la pena ha quedado suspendida durante tres años, por lo que no ingresará en prisión si no vuelve a delinquir.
Un debate que vuelve a abrirse
No es un caso aislado. La Audiencia de Ceuta ha dictado en los últimos años varias sentencias similares contra adultos que utilizaron documentación falsa para acceder a recursos reservados a menores extranjeros no acompañados.
El asunto vuelve a situar en el centro del debate:
- Los controles de verificación de edad.
- El coste económico del sistema de acogida.
- El posible efecto llamada que denuncian algunas organizaciones.
- La gestión política de las crisis migratorias.
El dato que más impacto genera es el económico: más de 27.000 euros en recursos públicos destinados a un adulto que se hizo pasar por menor.
Un sistema bajo presión
El sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados ya se encontraba tensionado por el aumento de llegadas en los últimos años. Casos como este alimentan la controversia sobre la eficacia de los mecanismos de identificación y las consecuencias penales cuando se detecta el fraude.
La sentencia es firme. El fraude quedó probado. Pero el condenado seguirá en España.
