La petición recoge las graves consecuencias para el espacio Schengen de regularizar 500.000 ilegales con mínimos requisitos
La asociación Hazte Oír (HO) impulsó una petición dirigida a la Comisión Europea para que intervenga de inmediato y frene el la regularización masiva de ilegales de Sánchez -más de medio millón- con un Real Decreto que esquiva el control parlamentario y genera alarma en la sociedad española.
Esta iniciativa surgió en un momento de fuerte desgaste del Gobierno, cuando el PSOE encadenaba derrotas electorales y el presidente buscaba modificar el censo para consolidar su poder, ya que el decreto exige solo cinco meses de estancia en España y permite sustituir el certificado de antecedentes penales por una simple declaración si el país de origen no responde en un plazo de un mes.
La regularización masiva de ilegales que circularán por el espacio Schengen
HO subraya que esta regularización masiva no solo impacta en España, sino que afecta directamente a toda la Unión Europea, porque una vez concedidos los papeles los beneficiarios podrán circular libremente por el espacio Schengen.
El decreto sanchista, que esquiva el parlamento, facilita que muchas personas accedan rápidamente a la nacionalidad y participen en elecciones municipales próximas, lo que HO interpreta como un intento de alterar el electorado actual.
La petición recuerda cómo Irene Montero reconoció hace unos días que pretendían sustituir a quien no sea izquierdista por inmigrantes, aunque el Ejecutivo lo presenta como un gesto humanitario.
Hazte Oír pide acción urgente a la Comisión Europea
HO solicita al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, que abra un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por incumplir la normativa comunitaria y que exija detalles completos sobre los criterios y controles que se aplicarán.
Hazte Oír recuerda que ya logró en el pasado que la Unión Europea actuara frente a otras leyes polémicas y confía en que ahora se pueda detener esta medida antes de que resulte irreversible.
La polémica, recuerda HO, trascendió fronteras, países como Estados Unidos expresaron inquietud y el escándalo refuerza la presión internacional sobre una regularización masiva que pone en riesgo la seguridad, el empleo, los servicios públicos y el equilibrio político compartido en la UE.
