Apenas se deportaron a 3.398 ilegales de las 41.315 órdenes de expulsión dictadas
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez continúa registrando uno de los niveles más reducidos de ejecución de expulsiones de inmigrantes en situación irregular, pese al elevado número de órdenes dictadas por la Administración.
Durante 2025, el Gobierno llevó a cabo 3.398 expulsiones, mientras que 36.775 personas entraron de forma ilegal en España y se emitieron 41.315 órdenes de expulsión entre enero y octubre. Es decir, menos del 10% de las resoluciones administrativas llegaron a ejecutarse.
Los datos proceden de una respuesta parlamentaria difundida por The Objective, que vuelve a poner el foco en el bajo grado de cumplimiento de la política de deportaciones del actual Ejecutivo.
Evolución de las expulsiones desde 2016
Aunque en los últimos años se ha producido un ligero repunte en las cifras, los niveles actuales siguen lejos de los registrados antes de la pandemia y del anterior mandato socialista.
La evolución anual refleja la siguiente tendencia:
- 2021: 2.025 expulsiones
- 2022: 2.627 expulsiones
- 2023: 3.090 expulsiones
- 2024: 3.031 expulsiones
- 2025: 3.398 expulsiones
Si se compara con ejercicios anteriores, la diferencia es significativa. En 2019 se ejecutaron 4.677 deportaciones y en 2016 se alcanzaron 5.051, casi el doble que en algunos años recientes.
España, por debajo de la media europea en ejecución de expulsiones
En términos porcentuales, España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea. Mientras que los países comunitarios ejecutan entre el 25% y el 30% de las órdenes de expulsión emitidas, en España la tasa de ejecución es inferior al 8%.
Este desfase reabre el debate sobre la eficacia de la política migratoria y la capacidad administrativa para hacer efectivas las resoluciones dictadas.
Madrid y Barcelona concentran la mayoría de deportaciones
La respuesta parlamentaria también desglosa los datos por provincias. Las cifras muestran una concentración clara en grandes núcleos urbanos:
- Madrid: 788 expulsiones
- Barcelona: 327 expulsiones
- Málaga: 169 expulsiones
Llama especialmente la atención el descenso en Ceuta y Melilla. En Ceuta se pasó de 172 expulsiones en 2019 a solo cuatro en el último año. En Melilla, las cifras también cayeron de 214 antes de la pandemia a únicamente cuatro deportaciones.
Marco legal: quién decide las expulsiones
Según el Real Decreto 240/2007, la competencia para dictar y ejecutar las órdenes de expulsión corresponde a la Administración General del Estado, a través de los delegados y subdelegados del Gobierno.
Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las órdenes emitidas no llegan a hacerse efectivas, lo que mantiene abierto el debate sobre la gestión de la inmigración irregular en España.
