Sindicatos policiales denuncian el desbordamiento de los mecanismos de control y verificación
El Gobierno de Pedro Sánchez planea activar en abril un proceso de regularización masiva de inmigrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas en situación irregular en España. Según fuentes policiales, esta medida podría generar riesgos significativos para la seguridad, al sobrecargar los mecanismos de control y verificación existentes.
Preocupación en la Policía Nacional por el impacto operativo
La Policía Nacional ha manifestado su creciente preocupación. La tramitación de un número tan elevado de autorizaciones de residencia requerirá que cientos de agentes se dediquen a tareas administrativas, como:
- Revisión de expedientes.
- Comprobación de identidades.
- Verificación de requisitos y documentación.
Fuentes policiales aseguran que las plantillas actuales, ya saturadas, no podrán asumir este volumen de trabajo en solo tres meses, el plazo estimado por el Ejecutivo, sin recursos adicionales.
Consecuencias sobre la seguridad y la investigación
El riesgo inmediato será la reducción de capacidad operativa en funciones esenciales. Las brigadas de Extranjería podrían verse obligadas a posponer investigaciones sobre:
- Redes de inmigración ilegal.
- Trata de personas.
- Documentación falsificada.
Según los mandos policiales, este desvío de recursos podría convertirse en un agujero de seguridad, al disminuir el control mientras se incrementan los trámites administrativos.
Falta de informes técnicos y de inteligencia
El malestar interno se ha intensificado por la ausencia de informes técnicos previos de las unidades especializadas. Ni la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales ni el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habrían elaborado informes de inteligencia criminal antes del anuncio del plan.
Fuentes policiales advierten:
«No se ha aportado un solo informe de inteligencia criminal. Esto va a ser un coladero para la seguridad.»
Entre los riesgos señalados destacan la posible entrada de delincuentes y el aumento de matrimonios de conveniencia si los controles se debilitan.
Preocupaciones sobre los antecedentes penales
Uno de los puntos más críticos es el control de antecedentes penales. Para acceder a la regularización, los solicitantes deben no tener condenas en España ni en su país de origen durante los últimos cinco años. Sin embargo, si la información no llega desde el país de origen en un mes, el solicitante puede presentar una declaración responsable, lo que podría permitir la entrada al sistema de personas con delitos graves no verificados.
Aumento de denuncias por pérdida de documentación
La Comisaría General de Extranjería alertó el 10 de febrero sobre un incremento significativo de denuncias por pérdida o robo de pasaportes de ciudadanos extranjeros sin documentación. Entre el 15 de enero y el 6 de febrero, estas denuncias aumentaron un 60% respecto al mismo periodo del año anterior, con incrementos especialmente altos en ciudadanos de:
- Pakistán: 866,67%.
- Argelia: 356,25%.
- Marruecos: 114%.
- Colombia: 35%.
La Policía recomienda extremar la identificación de quienes alegan pérdida de documentos para prevenir fraudes.
Casos reales de falsificación documental
El riesgo se ha materializado: en Alicante, cuatro jóvenes argelinos fueron detenidos por presentar certificados falsos de antecedentes penales, tras comprobar la información con Interpol. Todos habían cometido delitos en Argelia y enfrentan procesos por falsedad documental.
Capacidad de verificación insuficiente
La Policía teme que la avalancha de solicitudes cuando se active la regularización pueda colapsar la capacidad de verificación, incluyendo:
- Detección de identidades falsas.
- Cruce de datos con bases nacionales e internacionales.
- Verificación de documentación.
Si no se refuerzan recursos humanos y tecnológicos, las comprobaciones podrían limitarse por falta de capacidad material, aumentando los riesgos para la seguridad.
Posibles cifras superiores a las oficiales
Algunas fuentes policiales sugieren que la cifra de beneficiarios podría ser mucho mayor si se considera la figura del arraigo familiar, prolongando el parón operativo en la Comisaría General de Extranjería hasta dos años.
