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Sánchez dispara las nacionalizaciones y más de 270000 marroquíes ya son españoles desde que llegó a Moncloa

El llamado efecto llamada de Sánchez vuelve al centro del debate político tras conocerse que más de 270.000 marroquíes han adquirido la nacionalidad española desde 2018. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, entre ese año y 2024 se han nacionalizado 272.482 ciudadanos originarios de Marruecos.

La cifra marca un antes y un después en la evolución de las concesiones de nacionalidad. Nunca antes se había registrado un volumen tan elevado en un periodo de siete años.

El récord absoluto se alcanzó en 2022

El año 2022 fue el punto más alto de esta tendencia. En ese ejercicio, 55.463 marroquíes obtuvieron la nacionalidad española, el dato más elevado de toda la serie reciente.

Si se compara con 2017, último año completo bajo el mandato de Mariano Rajoy, el incremento es del 69,20 %. Incluso respecto a 2024, cuando 42.910 marroquíes se nacionalizaron, el crecimiento sigue siendo notable.

Durante toda la etapa de Sánchez, Marruecos ha sido el país de origen más frecuente entre quienes adquirieron la nacionalidad española.

Marruecos lidera con claridad el ranking de nacionalizaciones

En 2024, además de los 42.910 marroquíes, también se nacionalizaron:

  • 35.403 venezolanos
  • 26.224 colombianos
  • 15.574 hondureños
  • 10.871 ecuatorianos
  • 10.480 peruanos
  • 9.452 dominicanos
  • 8.558 argentinos
  • 8.385 bolivianos
  • 8.045 cubanos

La diferencia entre el primer país y el resto es clara. Marruecos encabeza con amplitud la lista.

¿Cuáles son los requisitos para que un marroquí obtenga la nacionalidad?

Para solicitar la nacionalidad española, los ciudadanos marroquíes deben cumplir:

  • Un mínimo de 10 años de residencia legal en España
  • Superar dos exámenes: uno de idioma y otro de conocimientos constitucionales y culturales

En cambio, los ciudadanos procedentes de países hispanoamericanos solo necesitan dos años de residencia legal para poder iniciar el proceso.

Esta diferencia normativa explica parte del debate político en torno al modelo de acceso a la nacionalidad.

La regularización extraordinaria que cambia el escenario

El debate se intensifica tras la aprobación, el pasado 27 de enero, de la tramitación urgente de un Real Decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros en España.

La medida, pactada entre PSOE y Podemos, no pasará por el Parlamento y se aplicará de forma directa tras el acuerdo en Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la iniciativa como una medida de “orden y responsabilidad”, asegurando que el Ejecutivo actúa cuando “la realidad social va por delante de la burocracia”.

A quién afecta la regularización

Según lo anunciado, la medida se dirige a:

  • Solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, esté o no resuelta.
  • Migrantes económicos que acrediten permanencia en España desde el 31 de julio de 2025, es decir, al menos cinco meses antes del 31 de diciembre.

Además, deberán:

  • No tener antecedentes penales.
  • No suponer una amenaza para el orden público.
  • Acreditar su permanencia mediante documentación pública o privada.

La autorización concedida será de residencia con permiso de trabajo válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, con una vigencia inicial de un año.

Un debate político que no se apaga

El aumento de nacionalizaciones y la regularización extraordinaria han reavivado el enfrentamiento político.

Para el Gobierno, se trata de una política de integración y orden administrativo.

Para la oposición, es la confirmación del llamado efecto llamada de Sánchez, al considerar que las cifras reflejan un incremento sostenido de regularizaciones y concesiones de nacionalidad desde 2018.

Los números son contundentes: 272.482 marroquíes nacionalizados en siete años.

La pregunta que sobrevuela el debate es inevitable: ¿es una respuesta administrativa a una realidad demográfica o una estrategia política con impacto electoral?

El dato ya está sobre la mesa. Y el debate, lejos de cerrarse, acaba de intensificarse.

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