En España, la nueva norma no supondrá cambios en la práctica diaria, ya que desde 2021 ya está vigente un límite más bajo para el efectivo
La Unión Europea impondrá a partir de 2027 un límite máximo de 10.000 euros para los pagos en efectivo en transacciones comerciales en todos los Estados miembros. Esta medida, recogida en el Reglamento (UE) 2024/1624, busca combatir de forma más efectiva el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada, al reducir el anonimato en operaciones de alto valor.
El reglamento establece que, a partir del 10 de julio de 2027 (fecha provisional de entrada en vigor plena), ningún país de la UE podrá permitir pagos en efectivo que superen los 10.000 euros en operaciones donde intervenga una actividad profesional o empresarial (por ejemplo, compras a comercios, empresas o autónomos). Los Estados miembros podrán mantener o establecer límites más estrictos si lo consideran necesario, pero nunca superiores a ese umbral común.
En el caso de España, la nueva norma prácticamente no supondrá cambios en la práctica diaria, ya que desde la Ley 11/2021 ya está vigente un límite mucho más bajo: 1.000 euros para pagos en efectivo entre profesionales o empresas (y hasta 10.000 euros en algunos casos con no residentes). Por tanto, la armonización europea no relaja ni modifica la restricción actual en territorio español.
No afecta a todos los casos
La prohibición no es total ni afecta a todas las situaciones:
- No se aplica a transacciones entre particulares (por ejemplo, la venta de un coche usado entre personas físicas).
- Quedan fuera las operaciones realizadas directamente en entidades bancarias o de pago.
- Además, se mantiene la obligación de declarar en aduana cualquier movimiento de efectivo superior a 10.000 euros al entrar o salir del territorio de la UE.
Paquete más amplio de medidas
El reglamento forma parte de un paquete más amplio de medidas contra el blanqueo, que también incluye la creación de registros centralizados de titulares de cajas de seguridad, cuentas y criptoactivos para facilitar investigaciones, y la obligación de identificar al pagador en transacciones en efectivo a partir de 3.000 euros en ciertos contextos.
Con esta normativa, la Unión Europea da un paso más hacia la reducción del uso del efectivo en operaciones grandes, promoviendo métodos de pago trazables y digitales, aunque sin eliminar por completo el uso del dinero en metálico en la vida cotidiana.
