Marlaska dejó abandonados a los valencianos: «Nos robaron la oportunidad de ayudar» a rescatar a víctimas de la DANA
La comparecencia de mandos y representantes de la Policía Nacional en la Comisión de Investigación sobre la DANA del Senado puso de manifiesto tensiones y denuncias sobre la gestión de recursos policiales gracias al inclusivo Marlaska durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, que dejó más de 230 fallecidos.
Aunque la sesión principal del día involucró al comisario Vicente Martínez, las declaraciones más impactantes y emocionales relacionadas con la imposibilidad de intervenir provienen de intervenciones previas o paralelas de representantes sindicales de la Policía Nacional, como JUPOL y CEP (Confederación Española de Policía).
Según denuncias de estos sindicatos, varios agentes y mandos intermedios manifestaron en sede parlamentaria que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía (DGP) no autorizaron un despliegue masivo inmediato de refuerzos ni permitieron que policías voluntarios (incluso fuera de servicio y sin cobrar) se trasladaran a las zonas afectadas en las primeras horas críticas de la inundación.
Dejación inicial del inclusivo Marlaska
Algunos representantes describieron esta situación como un «silencio absoluto» desde Madrid, decisiones «tardías» y una «dejación» inicial que dejó a las poblaciones en el caos. Todo gracias al inclusivo Marlaska.
En intervenciones destacadas se habló de impotencia entre los agentes, que veían la magnitud de la tragedia pero recibían órdenes de Interior/Marlaska de no movilizarse o de esperar autorizaciones que no llegaban.
Hubo relatos de policías que, ante la negativa oficial, decidieron actuar por su cuenta y riesgo, utilizando medios propios para acudir a ayudar a los damnificados. Estos testimonios incluyeron momentos de gran carga emocional, con lágrimas al relatar cómo se sintieron impotentes al no poder desplegarse oficialmente pese al drama humano en curso.
Los sindicatos insistieron en que miles de agentes estaban dispuestos a ir, pero se les frenó desde arriba, lo que contrastaba con la posterior movilización cuando ya era tarde para muchas zonas.
Estas afirmaciones han sido respaldadas por portavoces como Aarón Rivero (secretario general de JUPOL), quien denunció en el Senado la falta de refuerzos iniciales y la prohibición de ir voluntariamente.
En paralelo, senadores del PP (como Luis Santamaría) han utilizado estas declaraciones para criticar duramente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de no haber estado «a la altura» y de haber impedido que los policías ayudaran más y antes.
Se ha señalado que mientras los agentes de base querían actuar con «humanidad y profesionalidad», los mandos políticos y algunos superiores priorizaron protocolos que retrasaron la respuesta.
Implicaciones para el ministro Grande-Marlaska
Las denuncias implican una posible falta de liderazgo y coordinación desde el Ministerio del Interior en las fases iniciales de la emergencia. Si se confirman las órdenes de no permitir intervenciones voluntarias o refuerzos rápidos, esto podría reforzar las críticas de «abandono» de las víctimas en las primeras horas, cuando el caos era mayor y la ayuda estatal (incluida la Policía Nacional) era insuficiente según muchos testimonios de afectados y rescatistas locales.
Si quieren ayuda, que la pidan
Esto recuerda las polémicas frases atribuidas al presidente Pedro Sánchez en el contexto de la gestión de desastres («si quieren ayuda, que la pidan»), que han sido usadas por la oposición para cuestionar la proactividad del Gobierno central.
El PP y VOX han aprovechado la comisión del Senado para insistir en la responsabilidad política de Marlaska, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y otros altos cargos, exigiendo más comparecencias y señalando una «desprotección» inicial hacia las víctimas.
La delegada del Gobierno ha rechazado las acusaciones de impedir ayuda, afirmando que se permitió intervenir a quien quiso y que no hubo prohibiciones arbitrarias.
La comisión sigue abierta y estas comparecencias alimentan el debate político sobre responsabilidades en una de las peores catástrofes naturales recientes en España.
