La operación contra el rey buscaba dos objetivos: reducir la responsabilidad penal de los militares procesados y crear una corriente negativa hacia la Corona
El Ministerio del Interior detectó, tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una campaña organizada de bulos y rumores destinada a implicar al entonces rey Juan Carlos I en los hechos ocurridos aquel día.
Según un documento oficial elaborado por Interior, desclasificado recientemente por el Gobierno y publicado en La Moncloa, esta operación buscaba dos objetivos principales: reducir la responsabilidad penal de los militares procesados por el golpe (como Milans del Bosch, Armada y Tejero) y generar un argumento político contra la Corona que pudiera facilitar intentos similares en el futuro.
Se inventaron acontecimientos
El informe, como adelanta El Debate, alerta de que los promotores de la campaña tergiversaron hechos reales, interpretaron malintencionadamente otros y directamente inventaron acontecimientos. Entre los bulos recopilados y analizados en el documento destacan:
- Que el rey se puso de acuerdo con el general Armada en Baqueira durante las vacaciones navideñas para preparar el golpe.
- Que Juan Carlos I, junto con algunos generales, forzó la dimisión de Adolfo Suárez y organizó el golpe en connivencia con Milans del Bosch y Armada.
- Que el monarca conocía de antemano el plan y que tenía un avión preparado para huir de España si el golpe fracasaba.
- Versiones extremas que presentaban al rey como orquestador de una operación para abortar el pronunciamiento sacrificando a generales leales, con asesoramiento incluso de Constantino de Grecia.
- Otros panfletos afirmaban que Armada preparó un manifiesto en Baqueira o que los hijos del rey salieron antes del colegio para huir con la reina a Londres.
Campaña malintencionada
El texto oficial subraya que estos rumores tuvieron cierto éxito en sectores de la derecha radical y que se difundieron a través de panfletos anónimos y fotocopias que circularon en aquellos meses posteriores al 23-F.
El Ministerio del Interior calificó explícitamente la campaña como malintencionada. Además, señaló que “se han tergiversado algunos hechos reales, se han interpretado de forma malintencionada otros y se han inventado acontecimientos que sólo han existido en la mente de sus creadores”.
La desclasificación de este y otros documentos relacionados con el 23-F forma parte de una batería de archivos puestos a disposición pública en febrero de 2026, y ha generado amplio debate en medios y redes sobre las teorías conspirativas que han perdurado durante décadas en torno al papel del rey emérito en aquellos acontecimientos.
