La avalancha migratoria sigue disparada ante el efecto llamada del gobierno
Las islas de Ibiza y Formentera afrontan una creciente presión migratoria debido al aumento de pateras procedentes de Argelia, una ruta que en los últimos meses ha intensificado la llegada de inmigrantes irregulares a las dos islas más pequeñas del archipiélago balear. Esta situación está tensionando especialmente el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados (menas), cuya tutela corresponde a los gobiernos insulares.
Aumento de menas y saturación del sistema en Ibiza
En Ibiza, el Consell Insular tutela actualmente a 119 menores extranjeros no acompañados, una cifra que ha llevado al sistema de protección a un punto crítico. Antes del repunte migratorio, la atención a estos menores se centralizaba en el centro Padre Morey, que disponía de capacidad suficiente para cubrir las necesidades de la isla.
Sin embargo, el incremento constante de llegadas por vía marítima ha provocado la saturación del centro, obligando a las autoridades insulares a buscar soluciones alternativas. Una de ellas ha sido externalizar parte del servicio de acogida, contratando a organizaciones especializadas.
Entre las entidades encargadas de esta gestión se encuentra la Fundación Samu, que actualmente administra 32 plazas de acogida para menores. El coste total del servicio ronda los 14 millones de euros, lo que supone aproximadamente más de 9.000 euros mensuales por plaza, según datos publicados por El Debate.
Formentera, con más menores tutelados que capacidad de atención
La situación es aún más compleja en Formentera. El Consell Insular, cuyo presupuesto anual asciende a 49,2 millones de euros, tiene bajo su tutela a 175 menores extranjeros no acompañados.
El principal problema es que la isla no dispone de un centro específico para menores, lo que obliga a trasladar a estos jóvenes a otras islas de Baleares o a la península. Este proceso implica mayores costes logísticos y administrativos para las instituciones públicas.
Ante esta presión financiera y organizativa, en 2025 el Consell de Formentera aprobó por unanimidad renunciar a la competencia en materia de menores para aliviar la carga económica que supone su atención.
No obstante, el Gobierno balear rechazó esta solicitud. Como medida compensatoria, acordó transferir 3,8 millones de euros a la isla, procedentes de los algo más de siete millones que el Gobierno central destinó a Baleares para financiar la atención a menores migrantes.
Incidentes y problemas de convivencia en los centros
Además del impacto económico, el aumento de menores acogidos también está generando problemas de convivencia en instalaciones que no estaban preparadas para gestionar un volumen tan elevado de residentes.
Recientemente, en Formentera se produjo una pelea multitudinaria entre varios menores, la mayoría de origen argelino, en el centro provisional donde permanecen antes de ser trasladados a otros puntos del archipiélago o a la península. Aunque el incidente no dejó heridos, fue necesaria la intervención de la Policía Local para controlar la situación.
Días antes, el centro Padre Morey de Ibiza también registró otro enfrentamiento colectivo en el que participaron 28 menores, la mayoría llegados recientemente en patera. Durante el altercado resultó herida una trabajadora del centro que intentó mediar entre los implicados. Finalmente, la Guardia Civil intervino para poner fin al incidente.
Un sistema al límite
La consellera insular de Bienestar Social de Ibiza, Carolina Escandell, reconoció que este tipo de episodios era “previsible” dadas las circunstancias actuales.
En estos momentos, el centro Padre Morey alberga más de 50 menores extranjeros no acompañados, cuando en condiciones normales su capacidad no supera las 25 plazas. Este desajuste refleja la presión que está soportando el sistema de protección de menores en las Pitiusas ante el incremento de la llegada de pateras desde el norte de África.
