Se califican los hechos como “el expolio de unos recursos naturales vitales para la conservación del espacio natural” de Doñana
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formalizado una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para exigirle que adopte medidas efectivas contra la proliferación de pozos ilegales en el acuífero de Doñana.
El procedimiento, iniciado en 2023 a raíz de diligencias previas, se basa en un informe de la Unidad Central del Seprona de la Guardia Civil que identificó 250 pozos ilegales en el entorno del espacio natural: 198 en la provincia de Huelva, 51 en Sevilla y uno en Cádiz. Estas extracciones ilegales, sumadas a las legales destinadas principalmente al cultivo intensivo de frutos rojos, están provocando una alarmante sobreexplotación de las masas de agua subterráneas.
La Fiscalía reclama que el Ministerio impulse el cierre inmediato de estos pozos y la reparación de los daños ambientales ocasionados. En un comunicado, ha calificado los hechos como “el expolio de unos recursos naturales vitales para la conservación del espacio natural”.
El fiscal Manuel Campoy Miñarro ha decidido impugnar la resolución del Ministerio, que se declaró no competente al considerar que la protección de Doñana corresponde fundamentalmente a la Junta de Andalucía, al tratarse de ecosistemas interconectados más allá del dominio público hidráulico.
Esta nueva acción judicial llega después de una demanda similar presentada anteriormente y pese al acuerdo alcanzado en noviembre de 2023 entre el Gobierno y la Junta para reducir los regadíos irregulares en la zona.
Fuentes del Miteco han señalado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha conseguido reducir la superficie de regadío irregular a menos de la mitad, aunque reconocen limitaciones competenciales para actuar sobre las fincas.
Aves migratorias y el lince ibérico
El caso tiene como importante antecedente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021, que condenó a España por incumplir la normativa comunitaria al no proteger adecuadamente las aguas del parque nacional, uno de los humedales más importantes de Europa.
La demanda vuelve a poner el foco en las tensiones entre administraciones y la urgencia de proteger Doñana ante la presión de la agricultura intensiva, una amenaza que lleva años denunciando el movimiento ecologista. La supervivencia de especies emblemáticas como el lince ibérico y miles de aves migratorias depende de una actuación coordinada y efectiva que, por ahora, sigue pendiente.
