En una denuncia presentada ante el Tribunal Supremo, un ciudadano desgrana lo que considera acciones de Sánchez presuntamente constitutivas de delito
La Bandera ha tenido acceso a la denuncia de un ciudadano ante el Tribunal Supremo, fechada el pasado 29 de abril, que señala a Pedro Sánchez “como autor y responsable último de las acciones expuestas y los tipos delictivos” especificados a continuación:
Prevaricación
En primer lugar, indica la denuncia, “el 16 de febrero de 2021 el denunciado, en ejercicio de su cargo, presidiendo la Comisión Interministerial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), acordó un consorcio imposible, otorgando la ejecución del INEXISTENTE proyecto Estratégico PERTE VEC a Volkswagen, SEAT e Iberdrola”.
La denuncia precisa que se acordó “sin publicidad, concurso ni cumplimiento de la legalidad vigente, incurriendo en prevaricación”.
Malversación
El documento añade que “en 2021, 2022 y 2023, el denunciado aprobó sendos Presupuestos Generales del Estado (PGE) computando promesas de desembolso sobre fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como si fueran fondos efectivamente disponibles, por un valor superior a las expectativas de desembolso real”.
Además, indica el documento, la acción se realizó “falseando el origen del derecho a recibirlos y destinando parte de ellos a fines diferentes a los declarados; descuadrando las cuentas públicas en decenas de miles de millones, incurriendo con ello en malversación”.
Falsedad
En tercer término, la denuncia relata que “desde julio de 2020 el denunciado, tanto en sede parlamentaria como en medios, ha sostenido un discurso intencionalmente falseado sobre la existencia misma, operatividad, usos y efectos del PRTR”.
Según señala la denuncia, gracias a dicho relato, Sánchez “consiguió la aprobación de los PGE 2021, la validación europea del PRTR, la justificación del consorcio denunciado en el punto 1 y el control absoluto del Plan y los fondos, incurriendo en falsedad continuada en la narración de los hechos”.
Falsedad documental
La denuncia suma a lo anterior que Sánchez “por su propio interés, omitió/ocultó al Consejo de Estado la existencia de los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Oficina de Coordinación y Calidad normativa (OCCN) sobre el proyecto de RDL 36/2020”, por el que se aprobaron ‘medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR’.
También, añade el texto, “omitió el preceptivo informe favorable del Comité Técnico para la celebración del consorcio denunciado al principio y el informe de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función Pública en el proceso de declaración del PERTE VEC”.
En paralelo, detalla la denuncia, “omitió/ocultó el informe favorable de la ministra de Hacienda sobre el acuerdo de Consorcio y finalmente, admitió falsos certificados de inscripción de las empresas ejecutantes en el REPERTE, incurriendo en falsedad documental”.
Tráfico de influencias
Respecto a lo anterior, el documento precisa “Que el denunciado influyó en los organismos señalados en el punto anterior para asegurar la omisión de los preceptivos informes, garantizándose una consistente pasividad de la IGAE ante sus acciones granjeándose plena arbitrariedad en la ejecución del Plan, sin interferencia técnica alguna por parte del Comité”.
De este modo, añade la denuncia, Sánchez puso “ambos organismos al servicio del sometimiento administrativo de las Comunidades Autónomas y entidades locales en lo tocante a la ejecución del PRTR, incurriendo en tráfico de influencias y uso arbitrario del propio derecho”.
Fraude
Finalmente, la denuncia explica que “el denunciado se apropió del PRTR, utilizándolo como pantalla de sus intereses político-partidistas a los que denomina ‘hoja de ruta’; desatendiendo en el proceso las condiciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para el que aquel era condición”.
Con esas acciones, considera la denuncia, Sánchez puso “en riesgo la recepción de los desembolsos restantes y justificando en él tanto designaciones arbitrarias como el uso de los recursos nacionales, falsamente presupuestados como fondos europeos, para fines diferentes a los declarados, incurriendo en fraude”.
Conclusión de la denuncia
La denuncia incluye un anexo con los fundamentos legales de la misma y solicita al Tribunal Supremo su aceptación “sin menoscabo de cualesquiera otras responsabilidades e imputaciones que sobre el denunciado y/u otras personas puedan derivarse como resultado de las informaciones aquí expuestas”.
