Martínez-Almeida recurrirá al Supremo la anulación de las zonas de bajas emisiones

El delegado de Movilidad, Borja Carabante, adelantó no anularán las multas y que las ZBE siguen vigentes, porque aún no es firme la sentencia

El Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el regidor del PP, José Luis Martínez-Almeida, recurrirá en casación ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tras la presentación de un recurso por el Grupo Municipal VOX

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunció la decisión del regidor Martínez-Almeida en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. Carabante, detalló que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid estudiaron la sentencia del TSJM y llegaron a la conclusión de que es posible recurrirla ante el Tribunal Supremo.

En unas declaraciones previas recogidas por ‘Confilegal’, Carabante afirmó que las ZBE anuladas en la sentencia siguen vigentes al no ser todavía firme la sentencia y que tampoco se anularán las multas según la jurisprudencia.

Martínez-Almeida recurre la anulación de sus ZBE que discriminan ‘colectivos más vulnerables económicamente’

La sentencia recurrida ante el Supremo se ciñe precisamente a la doctrina del propio Alto Tribunal para señalar la “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza, que no ponderó el balance de beneficios y costes.

En ese sentido, la resolución judicial afea que tampoco existió «una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente».

El TSJM incide especialmente en el hecho de que las medidas restrictivas adoptadas por la Ordenanza no valoraron que afectan a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales.

Del mismo modo, la sentencia recurrida alude a la afectación para miles de vehículos profesionales, con repercusión directa en las condiciones de la competencia y del mercado. En ese sentido, el consistorio madrileño tampoco tuvo en cuenta la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo (autónomos, microempresas o pymes).