La asociación mayoritaria de la carrera alerta sobre la anomalía de los fiscales españoles subordinados jerárquicamente a un imputado
La mayoría absoluta del Consejo Fiscal (siete de once vocales) exigió este jueves la dimisión del fiscal general que nombró Sánchez, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por unanimidad por el Supremo, como sospechoso de perpetrar delitos de revelación de secretos que afectaron, de probarse, el derecho a la defensa de un ciudadano particular.
El fiscal general imputado repitió el argumentario sobre su supuesto “deber de informar sobre asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz” y que “ponderando las circunstancias”, estimó “que lo menos gravoso y más prudente” es su propia continuidad en el cargo.
Para la asociación mayoritaria de fiscales, AF, «la decisión del fiscal general de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación».
Los fiscales subrayaron “la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso».
El órgano representativo de los fiscales
El Consejo Fiscal es el órgano consultivo de la fiscalía y lo forman nueve vocales elegidos por los propios integrantes de la carrera fiscal, lo que garantiza su representatividad. También lo integran el teniente fiscal del Supremo, el fiscal inspector jefe y, en esta ocasión, el imputado García Ortiz, que sólo acudió para ratificar que se aferra al cargo.
El órgano representativo de la carrera fiscal exigió por mayoría absoluta que el FGE imputado abandone el cargo con los votos de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El imputado contó con el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece, de la teniente fiscal y de la fiscal inspectora.
‘Inasumible el impacto’ de la imagen de una Fiscalía dirigida por un imputado por el Supremo
En su turno de palabra, los vocales de la AF le recordaron al FGE nombrado por Sánchez que “el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión”.
Los vocales añadieron que les “resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal que dirige un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo».
Advierten, además, que “no puede haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado».
