Isabel García fue destituida tras conocerse la adjudicación de contratos públicos a empresas creadas por ella o su pareja
Un Juzgado de Mislata abre diligencias previas para investigar a la exdirectora del Instituto de la Mujer, Isabel Sánchez, y a su pareja, Isabel García (exasesora del PSOE), por haberse lucrado presuntamente con 64 contratos para la gestión de puntos violeta por un total de 250.000 euros, que recayeron en empresas creadas por ella o su pareja.
El instructor considera que la información que aporta en su denuncia el sindicato Manos Limpias «podrían sustentar las irregularidades» de ciertas concesiones mientras Isabel Sánchez desempeñaba un cargo público y Isabel García era personal de confianza. En concreto, el tribunal alude a mercantiles (de las que ambas eran administradoras) que resultaron “adjudicatarias de los contratos en cuestión” de ayuntamientos del PSOE desde 2022 hasta su destitución, este verano.
Concesiones a mercantiles de las que eran administradoras las denunciadas
El Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad valenciana les investiga por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público. El auto judicial comunica a García y Sánchez la existencia de la denuncia, pero ni se las cita ni las hace partícipes de las actuaciones que se practiquen en la instrucción al no estar aún constituido el procedimiento.
La exdirectora del Instituto de la Mujer no declarará, de momento
Como diligencias, el Juzgado ordena a la Policía Judicial de Valencia investigar la adjudicación de los contratos denunciados. También pide a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia judicial territorial para indagar si hubo delito en las actuaciones de la exdirectora del Instituto de la Mujer y su pareja, ya con la actual ministra Isabel Redondo al frente de Igualdad.
Según recogió ‘La Razón’, el juez instructor rechazó la solicitud de ‘Manos Limpias’ de tomar declaración de García y Sánchez, pues antes deberán comprobarse los hechos «a la vista de la magnitud objetiva y territorial de los hechos a investigar» que abarcan “diversos partidos judiciales no solo de la Comunidad Valenciana sino también de Madrid y Guipúzcoa al menos».
