El juez instructor del Supremo ordena la entrada y registro en la sede de la fiscalía y emplaza a García Ortiz a designar un abogado
El Tribunal Supremo ordena a la Guardia Civil la entrada y el registro del despacho del fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, imputado por perpetrar presuntos delitos de revelación de secretos. La Unidad de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede de la fiscalía general del Estado para inspeccionar el despacho del fiscal nombrado por Sánchez e incautarse de sus dispositivos electrónicos.
Según adelantó ‘El Mundo’ esta mañana, el Alto Tribunal ha decretado el secreto de las actuaciones y emplazado al FGE a designar abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra.
En ese sentido, otra imputada subordinada de García Ortiz, Pilar Rodríguez Fernández (la fiscal jefe provincial de Madrid) «está representada por la Abogacía del Estado”. Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzaron que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del FGE en este procedimiento judicial.
El instructor del Supremo resolverá en otra resolución, pendiente aún, las diligencias que ha solicitó la acusación particular que ejerce la víctima de los presuntos delitos perpetrados por García Ortiz (la pareja de Ayuso, Alberto González Amador) así como la suspensión cautelar de funciones del FGE que solicitó Manos Limpias.
Las acusaciones personadas contra el fiscal general tienen la opción de agruparse
El instructor trasladó las actuaciones a las acusaciones populares personadas: Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La asociación APIF se personó porque, al aferrarse a su cargo el FGE imputado, priva al Supremo de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo al principio de imparcialidad. «Resulta, del todo punto imposible, que, en estas circunstancias, la causa penal pueda ser llevada por cualquier fiscal con la independencia que se le requiere teniendo como imputado a su jefe«, manifestaron desde APIF a ‘Confilegal’.
Consecuencia de lo anterior, la personación de APIF corre a cargo de un abogado penalista –y fiscal en excedencia– que prestará esta actuación profesional como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad.
Cabe recordar, en ese escenario, que las acusaciones disponen ahora de un plazo de cinco días para pronunciarse sobre su posible agrupamiento, tal y como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
