Se rechaza de momento citar como testigo a la empresaria Carmen Pano, quien confesó en ‘The Objective’ que participó en una entrega de dinero
El juez que investiga la presunta trama criminal del ‘caso Koldo-PSOE’ ha solicitado la verificación en los teléfonos incautados de los supuestos pagos en la sede del PSOE que en su momento avanzó ‘The Objective’, uno de los medios criminalizados por Sánchez y sus cómplices políticos y mediáticos.
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) rechaza por el momento citar como testigo a la empresaria Carmen Pano, socia del presunto conseguidor Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos, que afirmó haber participado por petición de este en una entrega de 90.000 euros a la sede socialista de Ferraz.
En el auto, recogido por el citado medio, el juez instructor pide que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil busque en los dispositivos telefónicos y digitales incautados a la presunta organización criminal si existe «algún dato que permita corroborar las manifestaciones efectuadas» por la empresaria.
‘No procede en este momento procesal’ solicitar el testimonio de Carmen Pano y su hija
El auto judicial, emitido este viernes añade que «No procede en este momento procesal acceder a la solicitud de diligencias planteada por las representaciones procesales de las acusaciones populares Iustitia Europa y PP». Las acusaciones solicitaron al juez que Carmen Pano y su hija testificaran en la AN.
Ambas decisiones judiciales se tomaron en la línea del informe que emitió el fiscal el pasado 10 de diciembre, demandando al instructor que libre el citado oficio a la UCO para verificar «si en alguna de las evidencias digitales intervenidas existe algún dato que permita corroborar las manifestaciones efectuadas» por la empresaria en ‘The Objective’.
¿Más investigados por la trama?
El auto también acepta la personación del PSOE, aunque la resolución no es firme y las partes tienen varios días de plazo para recurrir. No obstante, el escrito del fiscal sostenía que el único motivo que puede motivar su inadmisión es que, tanto la formación, como personas con responsabilidad en ella «pudieran tener la condición de investigados en el procedimiento».
