García Ortiz alegó que existía una norma para borrar los chats y por eso la UCO no encontró conversaciones en su terminal requisado
La, Almudena Lastra, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han desmentido en su testimonio ante el Supremo, en la causa del fiscal general imputado, que exista el protocolo de borrado de chats que García Ortiz alegó para justificar que los investigadores de la UCO encontrasen “cero mensajes” en sus dispositivos.
En concreto, el fiscal general y sus subordinados de la propia fiscalía argumentaron la existencia de cierta “operativa” interna de borrado de conversaciones que, por razones de seguridad, se utiliza supuestamente con regularidad por la naturaleza sensible de los datos que manejan en el ejercicio de sus funciones.
La Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, testifica que ‘nunca’ se eliminan los mensajes de los dispositivos
Bien al contrario, según ha podido conocer ‘El Debate’, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra declaró, ante el juez que «nunca» se pierden o eliminan los mensajes de los dispositivos cuando un miembro de la Fiscalía cambia de terminal corporativo.
En su caso, la fiscal Lastra explicó que todo el contenido de los móviles profesionales se transfiere del antiguo al nuevo dispositivo mediante un proceso supervisado por Madrid Digital.
Se da la circunstancia de que el volcado del teléfono de García Ortiz reveló que existían «cero mensajes» entre el 8 y el 14 de marzo, los días en los que tuvo lugar la comisión del presunto delito de revelación de secretos por el que se investiga al fiscal general nombrado por Sánchez.
El fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, desmiente la existencia del protocolo de García Ortiz
En cuanto al fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, en su momento encargado de la causa contra la pareja de Ayuso, también desmintió la explicación dada por fuentes fiscales sobre el «borrado total» de los mensajes, llamadas y demás contenido del móvil de García Ortiz.
Un testimonio aún más demoledor para el argumentario esgrimido por el fiscal general imputado y sus subordinados, porque Julián Salto, además, es delegado del Servicio Informático Digital (SIM) de la Fiscalía en Madrid.
