La Seguridad Social alega fallos administrativos, culpa a los servicios sociales y, además, reclama la devolución del IMV a miles de familias
La Seguridad Social, cuya cartera detenta Elma Saiz, suspende manera cautelar el ingreso mínimo vital (IMV) a miles de familias en situación de pobreza de todas España por retrasos en la gestión y, en paralelo, reclama a algunos beneficiarios que lo recibieron que reintegren al erario las cantidades que les ingresaron.
Según la versión oficial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha explicado que la suspensión del IMV está vinculada a una revisión realizada en 2024 de los certificados de Servicios Sociales que deben presentar los beneficiarios.
La Administración culpa de su colapso administrativo a los servicios sociales
Para garantizar la continuidad de la ayuda, según argumenta el INSS, los ayuntamientos debían remitir esta documentación antes del 31 de diciembre de 2024, confirmando si las familias seguían en situación de vulnerabilidad.
Por contra, colectivos ciudadanos y trabajadores sociales han denunciado, además de la permanente ineficacia de la tramitación desde que se creó el IMV, que, aunque muchos certificados fueron entregados dentro del plazo, la administración no gestionó las renovaciones a tiempo, lo que provocó la suspensión masiva de la prestación.
Además, el Consejo General del Trabajo Social ha señalado que la responsabilidad de estos cortes no recae en los beneficiarios, sino en el colapso administrativo de la Seguridad Social.
Tal y como recoge el digital ‘Información’, el Gobierno de Sánchez asegura que la medida es temporal y que las familias que actualicen su documentación recibirán los pagos pendientes.
El Gobierno de Sánchez pide la devolución del Ingreso Mínimo Vital
A una situación ya de por sí dramática se une la amenaza de ruina de beneficiarios a quienes la Administración les ingresó el IMV y ahora les reclaman en total acumulado. Según asociaciones, el Gobierno socialista reclama la devolución de llas prestaciones que ingresó a cerca de 150.000 familias receptoras del IMV.
En un ejemplo dramático que recoge ‘Antena 3’, la víctima de la Administración recibió en 2020 la prestación sin siquiera haberla solicitado, e incluso una carta del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la que se reconocía su derecho al IMV. Una prestación, además, cuya cuantía calculó la Administración.
Sin embargo, en noviembre de 2022, dejaron de ingresarle el dinero, luego recalcularon la cuantía, dejaron de pagar otra vez y, según cuenta la mujer al citado medio: «De repente recibo otra carta de la administración reclamándome todo el dinero que me habían dado, unos 12.300 euros«, exigencia que la ha colocado en una situación desesperada.
