Dos fiscales que testificaron desmontaran el argumentario de una supuesta obligatoriedad de eliminar los datos por ‘seguridad’
El fiscal general imputado, Álvaro García Ortiz, eliminó sus mensajes de chats de WhatsApp el 16 de octubre, coincidiendo con la apertura de una causa en su contra por parte del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos de la defensa del novio de la presidenta madrileña.
La eliminación de los mensajes tuvo lugar el mismo día en que el magistrado instructor abrió una investigación contra García Ortiz por la filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
«No se han encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 en la aplicación de mensajería WhatsApp del dispositivo», destaca el informe presentado al Supremo al que ha tenido acceso ‘The Objective’.
La UCO concluye que la ausencia de mensajes previos a esa fecha responde, principalmente, «al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones», además realizando «esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día».
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tampoco fue posible recuperar las copias de seguridad almacenadas en Google Drive debido a «la eliminación deliberada de la cuenta asociada a este servicio».
El documento, avanzado por ‘El Mundo’, recoge un total de 69 llamadas salientes y 54 recibidas desde el móvil de García Ortiz en los días anteriores a la filtración.
El imputado borró sus chats, pero constan en los dispositivos de sus subordinados
El análisis forense del teléfono móvil del fiscal general imputado reveló que existían «cero mensajes» entre el 7 y el 14 de marzo del año pasado, período clave en la filtración de datos reservados del novio de Ayuso, Alberto González Amador.
Un informe de la Guardia Civil confirma que los mensajes se eliminaron, porque el análisis de otros dispositivos incautados durante los registros del 30 de octubre demuestra que sí hubo conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también se encuentra imputada. En concreto, la UCO detectó las conversaciones entre García Ortiz y Rodríguez en el análisis del dispositivo de esta última.
El informe de los investigadores recogió que la fiscal jefe de Madrid envió a las 10:22 horas del 8 de marzo, tras haber hablado con el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (Diego Villafañe, también imputado) para remitir el expediente del novio de Ayuso.
Los testigos desmontaron el argumentario del imputado sobre el presunto ‘protocolo de borrado’ de chats e información
Desde la Fiscalía se argumentó que la eliminación de datos se realiza de manera periódica, pero los fiscales Almudena Lastra y Julián Salto, que declararon como testigos en el Supremo, negaron ante el juez la existencia de un protocolo para el borrado de mensajes.
La causa se originó a partir de la exposición razonada que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitió en julio, tras recibir la querella presentada por el novio de Ayuso contra el fiscal general del Estado.
El Ministerio Público se opuso a la investigación de su superior jerárquico, nombrado por Sánchez, y actualmente solicita la nulidad de los registros efectuados el pasado 30 de octubre.
