‘Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos’
Una docena de organizaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil convocan una protesta el próximo 12 de marzo frente al Congreso de tras el acuerdo entre PSOE y Junts para la cesión de competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña saltándose, según la oposición, el artículo 149 de la Constitución (entre otros) que establece que son competencia exclusiva del Estado.
Las principales organizaciones policiales han rechazado las cesiones de Sánchez al fugitivo Puigdemont a cambio de su apoyo parlamentario, pues al ceder la totalidad de competencias de inmigración a un ejecutivo autonómico -saltándose también el artículo 150.2 de la Constitución-, la generalidad llegará a gestionar los centros de internamiento de ilegales o las órdenes de expulsión y devolución de extranjeros.
La iniciativa cuenta con el respaldo de una docena de asociaciones mayoritarias (SUP, AUGC, SPP, Unión de Oficiales en la Guardia Civil, UFP, AEGC, ASES-GC o APROGC) si bien, ante la urgencia de la convocatoria, sigue abierta al resto de organizaciones policiales y a los ciudadanos que quieran adherirse.
‘Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar el derecho a la seguridad pública, lo haremos’
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierte en un comunicado que «Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos; estamos decididos a llevar este asunto hasta el final».
Para el SUP, que Sánchez siga la hoja de ruta de Junts es un «atropello» que «vulnera todas las leyes en materia de seguridad» y añade que plantarán cara «al Gobierno para impedir que lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias a favor de los Mossos». «No se va a ceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan y voten a quien voten», añade.
Sánchez ‘regala’ competencias del Estado ‘a cambio de favores políticos’
En otro comunicado recogido por ‘El Economista’ el sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la «cesión ilegal» de Sánchez y considera «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» del ministro, siga «regalando» competencias exclusivas del Estado «a cambio de favores políticos«.
«Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», añade. Para Jupol, está en marcha una «maniobra para erradicar» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña, la cesión total de competencias es un «ataque directo» a su trabajo y una «rendición vergonzosa ante el separatismo».
Para remediarlo, Jupol adelanta que sus servicios jurídicos estudian las vías legales para «frenar esta cesión ilegal». También exige la dimisión de Marlaska por su «absoluta incapacidad» para defender a los cuerpos de seguridad cuyo mando detenta.
