López y su compinche, otro ex alto cargo de la Junta, cometieron graves irregularidades económicas al frente de Cetursa, ente público que gestiona Sierra Nevada
La Audiencia Provincial de Granada ha impuesto una pena de dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público a María José López, exconsejera de Justicia del PSOE en la Junta de Andalucía y exdirectora de Cetursa, la entidad pública responsable de la gestión de Sierra Nevada.
Esta condena se debe a su participación en delitos de prevaricación administrativa continuada y falsedad en documento público oficial durante su gestión en la estación de esquí.
La resolución judicial, que establece idénticas penas para el exdirector de Organización y Finanzas de Cetursa, ha sido emitida tras un acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes implicadas, incluyendo la defensa de los acusados, la Fiscalía y la acusación particular representada por Cetursa Sierra Nevada.
López y su compinche ‘incumplieron gravemente las normativas presupuestaria y económico-financiera’
Ambos condenados habrían aprobado modificaciones en la estructura organizativa de Cetursa con el objetivo de que ciertos cargos directivos quedaran exentos de los límites salariales establecidos por la normativa vigente. Además, se les acusaba de haber percibido complementos de antigüedad que, según la ley, no les correspondían.
El tribunal subraya que «pese a tener conocimiento» de estas disposiciones, María José López y el otro acusado «incumplieron gravemente las normativas presupuestaria y económico-financiera», emitiendo resoluciones destinadas a evitar las limitaciones salariales anuales impuestas al personal de Alta Dirección y directivos exentos de convenio.
Ex altos cargos de la Junta del PSOE evitan la cárcel por un acuerdo de conformidad
La Sección Segunda de la Audiencia de Granada resalta en su fallo que Cetursa, como sociedad mercantil integrada en el sector público, desde enero de 2013 estaba obligada a cumplir con las regulaciones presupuestarias y las medidas de reequilibrio económico-financiero, que prohibían cualquier incremento en las remuneraciones de los directivos.
La sentencia, recogida por ‘El Debate’ es definitiva y contempla la suspensión de la pena privativa de libertad por un periodo de tres años, condicionada a que durante este tiempo los condenados no cometan nuevos delitos. Con este acuerdo se evita la celebración del juicio, que estaba programado para el próximo lunes.
