El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la cesión de once solares al Institut Català del Sòl (Incasòl) para la construcción de 600 viviendas de protección oficial. Esta medida forma parte del programa Habitar B!, un convenio de colaboración entre el consistorio y la Generalitat que prevé la construcción de 1.700 viviendas en dos fases.
El acuerdo, que implica la cesión gratuita de terrenos por 75 años, representa un nuevo episodio de intervencionismo estatal en el mercado inmobiliario, en lugar de fomentar incentivos al sector privado para desarrollar soluciones habitacionales de forma eficiente. Las viviendas se construirán en los distritos de Sants-Montjuïc y Sant Martí, con un plazo de finalización previsto para 2029 y una inversión estimada de 83 millones de euros.
El desglose de las nuevas viviendas en Sants-Montjuïc será el siguiente:
- Calle del Plom, 17: 82 viviendas.
- Calle de Miquel Porter Moix, 16-20: 75 viviendas.
- Calle de Miquel Porter Moix, 17: 14 viviendas.
- Calle de Miquel Porter Moix, 25-27: 79 viviendas.
Por su parte, en Sant Martí se construirán otras 332 viviendas en diferentes ubicaciones como la calle de Binèfar (209 viviendas) y la calle del Doctor Trueta (61 viviendas en total), entre otras.
La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha defendido esta política asegurando que la Generalitat ha dado un paso adelante en la promoción de vivienda asequible en la ciudad. Sin embargo, este modelo no resuelve los problemas de acceso a la vivienda y perpetúa una dependencia del sector público que no incentiva la inversión privada ni la competitividad en el mercado inmobiliario.
El caos de Rodalies y la falta de soluciones reales
Mientras tanto, el pleno municipal también estuvo marcado por la crisis de Rodalies y la demanda del traspaso de su gestión a la Generalitat. Todos los grupos, salvo PP y Vox, han apoyado la iniciativa para exigir al Gobierno central el traspaso acelerado de la red ferroviaria.
Junts sorprendió al respaldar una propuesta de los Comunes, luego de que esta formación eliminara referencias a la paralización de la ampliación del aeropuerto de El Prat. En su iniciativa, Junts ha presentado ocho medidas, entre ellas la exigencia de un plan estratégico para mejorar las infraestructuras ferroviarias y garantizar que el Ejecutivo cumpla con los compromisos presupuestarios.
Desde el Ayuntamiento, la bancada socialista ha reconocido los problemas estructurales de Rodalies, pero se ha limitado a señalar que el plan de inversiones 2020-2030 ya ha adjudicado el 60% de los fondos y ha ejecutado solo el 30%. Sin embargo, estas cifras ponen de manifiesto la ineficacia de la administración en la gestión de los recursos y el abandono sistemático del servicio ferroviario.
Las críticas han sido contundentes. Jordi Martí Galbis, de Junts, ha acusado al alcalde Jaume Collboni de ignorar el sufrimiento de los usuarios que padecen a diario los fallos del servicio. Janet Sanz, de los Comunes, ha reprochado al gobierno municipal por mantenerse al margen de la crisis ferroviaria. Mientras tanto, la socialista Laia Bonet ha reconocido la gravedad de la situación, pero ha preferido culpar a la falta de inversión histórica en lugar de ofrecer soluciones concretas.
En definitiva, Barcelona sigue atrapada en una política de intervencionismo y promesas incumplidas, con un Ayuntamiento que prefiere impulsar medidas que perpetúan la dependencia del sector público y una Generalitat que reclama más competencias sin demostrar capacidad de gestión. Los ciudadanos, por su parte, continúan siendo los grandes perjudicados por la falta de soluciones reales en materia de vivienda y transporte.
