La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de solicitar un indulto parcial para Laura Borràs, ex presidenta del Parlament y dirigente de Junts per Catalunya, es una clara muestra de la asimetría judicial que beneficia a las élites del independentismo catalán. Condenada a cuatro años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Borràs ha conseguido, una vez más, esquivar la justicia con un trato de favor del que pocos ciudadanos podrían beneficiarse.
El auto del TSJC pide al Gobierno un indulto parcial para reducir su condena a un máximo de dos años y medio, lo que permitiría a la dirigente independentista evitar la cárcel. Esta decisión no hace sino reforzar la percepción de que el independentismo disfruta de una justicia a medida, en la que sus líderes pueden eludir las consecuencias de sus actos gracias a un sistema que, lejos de aplicar la ley de manera equitativa, cede ante la presión política.
El caso de Borràs es un claro ejemplo de corrupción administrativa, un delito grave que atenta contra los principios de igualdad y transparencia en la gestión pública. Sin embargo, a diferencia de otros condenados por hechos similares, su entorno político ha tratado de revestir su caso de un carácter político, presentándola como una víctima del supuesto «lawfare» contra el independentismo. Es preocupante que una dirigente que manipuló contratos para beneficiar a su círculo cercano pretenda ser vista como una mártir y que parte de la justicia se preste a suavizar su castigo.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez estudia el indulto, el TSJC ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque manteniendo la inhabilitación de 13 años y una multa de 36.000 euros. No obstante, esta medida no impide que la ex presidenta del Parlament siga moviendo los hilos dentro de Junts, explorando vías para mantener su influencia en la política catalana a través de un cargo ejecutivo en la fundación del partido.
El mensaje que se envía a la sociedad es desolador: mientras los ciudadanos de a pie deben afrontar las consecuencias de sus actos, los políticos independentistas pueden confiar en la connivencia de ciertos sectores judiciales y en la voluntad del Gobierno central para librarlos de la prisión. Este indulto parcial no solo sienta un peligroso precedente de impunidad, sino que refuerza la sensación de que el independentismo catalán goza de un blindaje político y judicial que no está al alcance del resto de los españoles.
En definitiva, el caso de Laura Borràs es una muestra más de la doble vara de medir que impera en la política española. El Gobierno tiene ahora la última palabra sobre su indulto, pero el simple hecho de que se plantee esta posibilidad ya deja en evidencia las desigualdades de un sistema que parece hecho a medida para quienes, con el pretexto del independentismo, buscan perpetuar su impunidad.
