Una nueva confrontación entre administraciones
El servicio ferroviario de Rodalies se ha convertido, una vez más, en escenario de un enfrentamiento político entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central. En esta ocasión, el motivo de la disputa ha sido el número de trenes fuera de servicio, pero el fondo es el mismo de siempre: el pulso por el control de las infraestructuras y el relato de agravio.
Las declaraciones de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han sido el detonante. Según ella, “uno de cada cuatro trenes de Rodalies no está operativo”, una acusación que apunta directamente a la gestión de Renfe y, por extensión, del Ejecutivo central. No tardó en llegar la respuesta del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien negó rotundamente los datos, acusando al Govern de difundir información falsa.
Datos contradictorios en medio del malestar ciudadano
Según la Generalitat, la situación del servicio es “insostenible”, con una flota insuficiente y averías constantes. Desde el Govern se insiste en que la falta de inversión y la escasez de talleres en territorio catalán están generando un auténtico “colapso” del sistema ferroviario.
Por su parte, Renfe admite que el 18% del parque móvil está fuera de circulación, aunque señala que esa cifra, aun siendo elevada, no justifica el alarmismo ni el relato de caos que difunde la Generalitat. Según la empresa pública, se están haciendo esfuerzos para modernizar la red y renovar los trenes, pero reconocen que hay retrasos acumulados de años.
El trasfondo político: una lucha por el relato y el control
Más allá de los porcentajes, esta polémica encaja perfectamente en la dinámica de confrontación que el separatismo lleva años alimentando. Para el Govern, cualquier deficiencia en servicios gestionados desde Madrid es munición política. En este caso, Rodalies no solo es un medio de transporte, sino una excusa más para reclamar competencias plenas y fortalecer el discurso del “Estado ausente”.
Pero sería un error cargar toda la culpa en una sola parte. Si bien el Gobierno central ha fallado históricamente en su planificación ferroviaria, también es cierto que la Generalitat ha convertido el conflicto institucional en una rutina diaria. El victimismo y la sobreactuación han sustituido a la autocrítica y a la gestión.
Una ciudadanía atrapada entre dos fuegos
Mientras ambas administraciones se acusan mutuamente, los usuarios siguen sufriendo los problemas de siempre: trenes que no llegan, retrasos constantes y falta de información. La crispación política no arregla los andenes colapsados.
La derecha política y social lleva años reclamando una mayor responsabilidad institucional y una despolitización de los servicios públicos. No se trata de recentralizar, pero tampoco de ceder el control a una administración autonómica que ha demostrado usar cada competencia como un arma política más.
¿Y ahora qué? El debate sobre el traspaso de Rodalies
La Generalitat lleva tiempo exigiendo el traspaso íntegro del servicio, incluyendo la infraestructura, los trenes y el personal. Lo vende como una solución milagrosa, pero sin presentar un plan serio ni garantías de mejora. A la vista está: cuando se ha transferido gestión a nivel autonómico (como en educación o sanidad), los resultados no siempre han sido mejores.
El Gobierno, por su parte, parece dividido entre ceder a las presiones del independentismo y mantener el control de un servicio estratégico. En cualquier caso, cualquier traspaso debería venir acompañado de compromisos claros, indicadores de rendimiento y transparencia total, no como moneda de cambio político.
Conclusión: gestión antes que propaganda
El conflicto entre Generalitat y Renfe no es nuevo, pero sí cada vez más cansino. La sociedad catalana no necesita más ruido político, sino soluciones técnicas, inversiones reales y voluntad de colaboración. Ni el alarmismo del Govern ni la autocomplacencia del Estado ayudan a mejorar el transporte diario de millones de ciudadanos.
Desde una mirada crítica, firme y con sentido de Estado, es hora de exigir a ambas administraciones menos titulares y más resultados. La política ferroviaria no puede seguir secuestrada por la batalla identitaria. Cataluña no necesita más confrontación, necesita gestión.
