Un nuevo intento de destruir al adversario político cae por su propio peso
En un país donde la izquierda y el separatismo llevan años acostumbrados a utilizar las instituciones como herramientas de acoso político, la noticia de que la Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la denuncia contra Ignacio Garriga, secretario general de Vox, es una bocanada de aire fresco para quienes creemos en la verdad, la justicia y el juego limpio.
Durante semanas, ciertos medios y actores políticos han tratado de alimentar el escándalo sobre un supuesto uso indebido de fondos del grupo parlamentario por parte de Vox. Sin embargo, la justicia ha sido tajante: no hay delito, no hay malversación, no hay caso.
¿De qué se le acusaba a Garriga? La denuncia interna que se convirtió en un arma política
Todo comenzó cuando Isabel Lázaro, exdiputada de Vox en el Parlament de Cataluña, presentó una denuncia por supuesta malversación contra Ignacio Garriga y su primo, Joan Garriga, actual portavoz del grupo parlamentario. Los acusaba de haber utilizado las tarjetas de crédito del grupo para gastos personales por valor de 105.568 euros y de haber facturado otros 85.730 euros por servicios que ella calificó como “ficticios”.
Unas acusaciones graves… si fueran ciertas. Pero como ocurre tantas veces, las denuncias no se sostienen cuando se enfrentan con los hechos.
La Fiscalía desmonta el relato: no hay indicios de delito
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha sido claro en su dictamen: la denuncia se archiva por falta de indicios delictivos. Así lo recogieron medios como Crónica Global, destacando que no se ha encontrado ninguna base legal para continuar con la investigación.
El Ministerio Público destaca que las supuestas irregularidades ya habían sido revisadas y fiscalizadas por la Mesa del Parlament, controlada mayoritariamente por partidos de izquierda e independentistas. Si ni siquiera ellos, con todos los motivos para buscar fallos en la contabilidad de Vox, encontraron irregularidades, ¿qué queda?
Además, la Fiscalía señala algo crucial: no se puede afirmar que los gastos no tengan relación con la actividad parlamentaria, lo que desmonta el núcleo de la denuncia.
La estrategia de la izquierda: acusar primero, probar nunca
Esta situación no es nueva. Lo que hemos visto con Ignacio Garriga forma parte de una estrategia más amplia: la criminalización sistemática de Vox y de todo aquello que escape al control ideológico de la izquierda.
Ya sea con denuncias internas, titulares manipulados o filtraciones interesadas, el objetivo es siempre el mismo: desgastar al adversario político, debilitar a quienes defienden sin complejos la unidad de España, el orden constitucional y los valores tradicionales.
¿El resultado? Dañar la reputación de personas honestas, alimentar el relato de la izquierda y sembrar dudas entre los votantes. Pero esta vez, el intento les ha salido mal.
Una campaña orquestada que dice más de quienes la promueve
El hecho de que esta denuncia venga desde dentro del propio partido no es casualidad. Lo que debería haberse gestionado como una discrepancia interna, se convirtió en munición política en manos de quienes esperaban debilitar a Vox desde fuera. ¿Por qué tanto ruido si no hay delito? ¿Por qué el interés repentino de medios que jamás informan con tanto detalle sobre los verdaderos escándalos de corrupción que afectan a la izquierda?
La respuesta es clara: Garriga incomoda. No solo por ser uno de los rostros visibles de Vox en Cataluña, sino porque representa una alternativa real a décadas de nacionalismo y decadencia institucional. Es joven, preparado, y firme en sus convicciones. Por eso quieren silenciarlo.
Vox responde con firmeza: ni un paso atrás
Desde Vox, la reacción ha sido inmediata. La formación ha defendido en todo momento la legalidad de sus actuaciones y ha señalado la denuncia como lo que es: una maniobra de destrucción interna y mediática sin base real.
Ahora, con el archivo de la causa, Garriga sale reforzado. No solo por haber superado una acusación grave, sino porque ha demostrado que la integridad y la transparencia no son patrimonio de la izquierda, como algunos quieren hacernos creer.
¿Y ahora qué? El Parlament mira hacia otro lado
Mientras tanto, partidos como la CUP y Comuns han reaccionado pidiendo que la Mesa del Parlament tome medidas. Curiosamente, esa misma Mesa fue la que fiscalizó los gastos y no encontró anomalías. Una contradicción más que revela que no buscan justicia, sino venganza política.
Lo más grave es que la izquierda sigue utilizando estas herramientas incluso cuando la justicia desmiente su relato. La pregunta que deberíamos hacernos todos es: ¿Quién va a asumir responsabilidades por esta denuncia falsa? ¿Quién compensa el daño causado?
Conclusión: Vox no se rinde ante el juego sucio
Lo ocurrido con Ignacio Garriga es un ejemplo más de la persecución sistemática que sufren quienes defienden ideas conservadoras, patrióticas y sensatas en un sistema dominado por el pensamiento único. Pero también es una lección: la verdad siempre acaba saliendo a la luz.
Vox sigue creciendo, pese a los ataques, pese a las campañas, pese a las zancadillas. Y lo hace porque millones de españoles ya no creen en los relatos prefabricados de la izquierda ni en sus montajes judiciales.
Esta vez, la justicia ha hablado claro: Garriga es inocente. Y eso no se puede esconder.
Fuente: CronicaGlobal
