Barcelona ha logrado evitar en el último suspiro una huelga de autobuses que amenazaba con colapsar la movilidad urbana durante una de las épocas de mayor afluencia turística: la Semana Santa. Esta vez, no ha sido la eficiencia de la administración ni la previsión de la empresa pública lo que ha evitado el conflicto, sino una concesión de última hora ante la enésima presión sindical.
El paro, convocado entre los días 12 y 21 de abril por el comité de empresa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), quedó desactivado tras un acuerdo alcanzado el jueves 10 de abril entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores, entre ellos los sindicatos UGT, CCOO, CGT, SIT, ACTUB y ACAT. De forma casi milagrosa —o, más bien, políticamente conveniente—, todos los sindicatos votaron a favor de suspender la huelga tras obtener lo que buscaban: el compromiso de pago de una deuda acumulada por parte de la empresa.
Otra cesión más ante el chantaje sindical
El origen del conflicto se encuentra en una supuesta “deuda histórica” que TMB mantiene con su plantilla, especialmente en concepto de horas extras y festivos impagados. Es decir, una vez más, los ciudadanos de a pie han estado a punto de pagar las consecuencias de la pésima gestión financiera de una empresa pública politizada y dominada por intereses ideológicos, donde las reglas del mercado brillan por su ausencia y las decisiones se toman más por temor a la huelga que por criterios de eficiencia.
En lugar de buscar soluciones estructurales o reformar un sistema que arrastra vicios crónicos, la dirección de TMB ha optado por abrir la chequera (la de todos los contribuyentes, cabe recordar) para cerrar el frente. El acuerdo establece que parte de la deuda se pagará en 2025, mientras que el resto se liquidará en 2026. Para rematar, se creará una comisión de seguimiento, probablemente otro órgano burocrático más sin eficacia real, pero perfecto para que los sindicatos mantengan su cuota de poder en la toma de decisiones.
La ciudad rehén de los sindicatos
El caso de TMB no es aislado. Barcelona lleva años siendo rehén de una red sindical que paraliza, condiciona y encarece el funcionamiento de servicios públicos esenciales. Lo que debería ser una red de transporte eficaz, moderna y orientada al ciudadano, se ha convertido en una trinchera ideológica donde prevalecen los intereses corporativos por encima del bien común.
Mientras tanto, la administración municipal, con una clara orientación hacia la izquierda y la intervención pública, sigue sin tener el valor político de acometer reformas profundas. ¿Dónde están las auditorías? ¿Por qué no se exploran fórmulas de colaboración público-privada que garanticen sostenibilidad y servicio sin estar al dictado de los paros y las huelgas?
El ciudadano, el gran olvidado
Una vez más, la historia se repite: quienes pagan impuestos y dependen del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente vivir, han estado a punto de quedarse sin servicio por una disputa interna que no les concierne, pero cuyos costes sí asumen.
Gracias a este acuerdo, los autobuses circularán durante Semana Santa, permitiendo que turistas y residentes se desplacen con normalidad. Pero la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Cuál será la próxima concesión? ¿Qué más se pondrá sobre la mesa para evitar el siguiente paro?
Urge una reestructuración
Barcelona necesita recuperar el control de sus servicios públicos. Basta de clientelismo sindical y gestión temerosa. Hay que devolver al transporte metropolitano su propósito original: servir al ciudadano. Y para ello, se necesita valentía política, responsabilidad fiscal y una firme voluntad de introducir reformas de calado, aunque molesten a quienes viven cómodamente del statu quo.
