Un amplio dispositivo policial irrumpe en un asentamiento ilegal en pleno Vallcarca tras el incendio de una chabola que dejó un herido grave. El Ayuntamiento, cómplice por inacción durante años, intenta ahora lavarse las manos mientras colectivos radicales se enfrentan a la policía y exigen “soluciones reales” para quienes ocupan ilegalmente el espacio público.
La cara más cruda del descontrol urbanístico y la permisividad institucional ha vuelto a quedar expuesta este jueves en Barcelona. A primera hora de la mañana, la Guardia Urbana ha desplegado un operativo antidisturbios, con apoyo de los Mossos d’Esquadra y unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), para desmantelar un asentamiento ilegal en Vallcarca, concretamente en la avenida del mismo nombre, a la altura del carrer Argentera.
El detonante: un incendio en una de las chabolas que se cobró un herido hospitalizado y obligó a reubicar a otras seis personas. Un drama que solo puso en evidencia lo que muchos venían denunciando desde hace meses: el asentamiento era un riesgo para todos, fruto de años de dejadez política y cesión al discurso buenista.
Según ha podido saber Labandera.es, el Ayuntamiento llevaba tiempo evitando actuar, pese a haber abierto en marzo un expediente administrativo por «incumplimiento de las condiciones de habitabilidad y riesgo grave para la seguridad de las personas», tras múltiples intentos de acceder al interior del asentamiento. Todos ellos fracasaron, incluso contando con autorización judicial.
El incendio lo cambió todo
Fue necesario que una chabola ardiera en llamas, poniendo vidas humanas en peligro, para que finalmente se considerara “urgente” lo que ya era una bomba de relojería. Una inspección técnica de los Bomberos de Barcelona realizada este miércoles confirmó el riesgo inminente, lo que obligó a poner en marcha el desalojo este mismo jueves.
La respuesta de los colectivos afines al movimiento okupa no se hizo esperar. Desde primera hora, decenas de activistas, vecinos radicalizados y militantes del Sindicat d’Habitatge de Vallcarca y la plataforma Som Barri se concentraron en el lugar para intentar frenar la actuación de los cuerpos de seguridad. La tensión fue en aumento y, ante los intentos de bloquear el acceso, los agentes se vieron obligados a emplear la fuerza, con algún uso puntual de las porras, para hacer retroceder a los manifestantes.
El dispositivo, encabezado por la Guardia Urbana, contó con más de una quincena de furgones policiales y efectivos de la Brigada Móvil (BRIMO) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d’Esquadra, preparados para una intervención que ya se preveía conflictiva.
El Ayuntamiento reacciona con ambigüedad y sin alternativas claras
Tras años de inacción, ahora el Ayuntamiento intenta proyectar una imagen de respuesta institucional, anunciando la activación del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Fuentes municipales han asegurado a Labandera.es que las personas desalojadas podrán “llevarse sus pertenencias”, aunque no han sabido explicar con claridad dónde dormirán esta misma noche.
Todo apunta a que no existe una solución inmediata ni planificada para estas personas, que llevan años viviendo al margen del sistema, tolerados por unas políticas urbanas que han preferido mirar hacia otro lado antes que enfrentarse a la realidad del problema. Mientras tanto, colectivos okupas insisten en que el Ayuntamiento “no ha hecho nada” por los ocupantes y exigen una “solución real”, sin mencionar en ningún momento el riesgo generado para la seguridad del barrio ni el deterioro de la convivencia.
Un barrio cansado del abandono institucional
Vallcarca, un barrio históricamente combativo y activo socialmente, ha acabado siendo rehén de movimientos que instrumentalizan la pobreza y la ocupación como forma de presión política. Lejos de atender a las necesidades reales de los vecinos o de los propios ocupantes en situación vulnerable, estos colectivos se han dedicado durante años a blindar el asentamiento frente a cualquier intento de inspección o regulación, manteniéndolo en condiciones de precariedad extrema.
Ahora, tras el incendio y el desalojo, queda claro que el problema no termina con un operativo policial. Si no se toman medidas firmes y continuadas, tanto para garantizar la seguridad como para erradicar la ocupación ilegal como modelo de vivienda, la situación se repetirá, una y otra vez, en otros barrios de la ciudad.
Barcelona necesita recuperar el control, restaurar la autoridad institucional y poner fin a los años de permisividad que han llevado a episodios como este. Lo ocurrido en Vallcarca no es un caso aislado, sino el resultado de una política urbana fracasada, entregada al populismo y al chantaje de los movimientos okupas.
