¡Basta de imposiciones! El Ayuntamiento de Vilassar de Mar, acorralado por la ley, ha tenido que arrodillarse y rectificar su normativa sectaria: los ciudadanos ya no tendrán que mendigar en su propia tierra para ser atendidos en castellano. Es una victoria sin paliativos contra la ingeniería identitaria del nacionalismo excluyente.
Lo que parecía intocable ha caído como un castillo de naipes. Vilassar de Mar, uno de tantos ayuntamientos catalanes que han abrazado el separatismo lingüístico institucional, ha tenido que tragarse su arrogancia y eliminar la exigencia de que los ciudadanos tengan que suplicar por escrito para ser atendidos en castellano.
El golpe legal lo ha asestado Convivencia Cívica Catalana, que ha utilizado el arma más poderosa: la ley. Y la ley ha hablado alto y claro. En respuesta a las alegaciones y un recurso contencioso-administrativo presentado por esta entidad, el Ayuntamiento ha derogado el artículo de su Reglamento Orgánico Municipal que imponía el catalán como única lengua de atención salvo petición expresa.
La normativa ahora queda corregida: el consistorio deberá utilizar el castellano cada vez que un ciudadano se exprese en él, sin exigirle trámites, permisos ni humillaciones previas. Como debe ser en cualquier país democrático y respetuoso con su Constitución.
Un apartheid lingüístico derrotado
Lo que estaba en juego no era un simple trámite administrativo. Era la libertad de millones de catalanes que son sistemáticamente perseguidos, marginados y silenciados en su tierra por hablar la lengua común de todos los españoles.
El Reglamento impuesto por el Ayuntamiento nacionalista exigía una solicitud formal para poder usar el castellano en una institución pública. Una aberración jurídica que vulneraba la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, concretamente las sentencias 31/2010 y 82/1986, que reafirman que el ciudadano tiene derecho pleno a comunicarse en castellano sin que nadie le imponga condiciones.
Convivencia Cívica ha logrado desmontar ese andamiaje ideológico que durante años ha intentado erradicar el español del ámbito público catalán.
La resistencia empieza a dar frutos
Este triunfo no es aislado. Es parte de una ofensiva cívica que ya ha conseguido doblegar a otros ayuntamientos como Tordera y la Cellera de Ter. Poco a poco, la ciudadanía despierta, planta cara y gana. Porque el castellano no es una lengua extranjera ni una concesión: es un derecho constitucional que ningún burócrata nacionalista puede pisotear.
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, lo ha expresado sin rodeos:
“El castellano es lengua oficial en toda España. Si un ciudadano lo utiliza, la administración no tiene otra opción que responderle en esa lengua, sin condiciones, sin filtros y sin excusas ideológicas”.
Basta ya de complejos: hablar español en Cataluña es un derecho, no una provocación
Este caso pone de manifiesto hasta qué punto la ingeniería social separatista ha colonizado hasta el lenguaje. Pero también demuestra que se les puede vencer con las herramientas del Estado de Derecho y la valentía de quienes no se arrodillan.
La victoria de Vilassar de Mar es un símbolo. Es una señal de que el castillo de imposiciones se tambalea. Y es un mensaje claro para el resto de instituciones catalanas que aún intentan imponer el catalán por encima del español: la ley no se negocia, se cumple.
El castellano no necesita pedir permiso. Solo necesita ser defendido. Y cuando se defiende, gan
