Antonio Alcázar, portavoz de Vox en Málaga, ha respaldado este viernes a los vecinos de Churriana, quienes han iniciado una movilización contra la instalación de un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en una zona residencial del distrito. La protesta, convocada a las 18:30 en el Ayuntamiento de Málaga, ha reunido a residentes de El Olivar, Wittenberg, Cortijo de Maza y otras zonas afectadas.
Según ha publicado el diario SUR, más de 1.000 firmas han sido ya recogidas por los vecinos, que denuncian una actuación urbanística que consideran irregular y peligrosa. El centro, con capacidad para 50 menores infractores, se ubicaría en la avenida de la Asunción, número 14, en un inmueble anteriormente destinado a actividades religiosas.
Críticas a la falta de transparencia y a las irregularidades urbanísticas
Desde la comunidad de vecinos, encabezada por su presidente Alejandro Vedia, se denuncia que las obras se están ejecutando mediante declaraciones responsables, lo que evita el control que exige una licencia de obras formal. Además, advierten que el edificio no cumple con las condiciones legales para albergar un centro de estas características, careciendo de muro perimetral, aparcamiento y sin haber realizado el cambio de uso del suelo, que sigue siendo residencial.
Vedia ha subrayado que se ha presentado una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y también ante la Gerencia de Urbanismo, exigiendo la paralización inmediata del proyecto.
Un centro en zona residencial, sin seguridad y sin consenso vecinal
Antonio Alcázar, representante municipal de Vox, ha afirmado que su partido no se opone a los programas de reinserción juvenil, pero ha advertido que “un centro de internamiento con vigilancia y menores condenados por delitos graves no puede implantarse en una zona residencial sin medidas de seguridad”. En palabras del portavoz: “El Partido Popular está haciendo negocio con la seguridad de los vecinos”.
Los residentes denuncian que el CIMI no es un centro educativo ni comunitario, sino un espacio de reclusión para jóvenes condenados por delitos como agresiones sexuales, homicidios o robos violentos. Muchos temen por su seguridad y por el valor de sus propiedades, compradas tras años de esfuerzo y ahorro.
Movilización vecinal en defensa de la convivencia
La indignación ha unido a centenares de familias que exigen una explicación al alcalde Francisco de la Torre, así como la suspensión inmediata de las obras y la revocación de la adjudicación a la entidad privada Meridianos, que gestiona otros centros similares.
El movimiento vecinal ha publicado un pasquín que circula por toda la urbanización, donde alertan: “Un CIMI no es un colegio, es una cárcel”, y recuerdan el polémico cierre del centro en Torremolinos, que ahora, según los vecinos, se intenta reinstalar “en un entorno inapropiado y sin consenso”.
Con esta iniciativa, Vox presentará este lunes en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga una propuesta formal para paralizar las obras, revisar el expediente completo y garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística.
