La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha ordenado la suspensión cautelar de las obras del nuevo Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) que se ejecutaban en el distrito malagueño de Churriana. La decisión se ha adoptado tras las denuncias vecinales por uso no autorizado del inmueble y por realizar obras sin proyecto de ejecución, basándose únicamente en una declaración responsable.
El proyecto, promovido por la empresa Meridianos S.L., adjudicataria del contrato por valor de 23 millones de euros, ha generado una profunda oposición social, al pretender instalar un centro de internamiento provincial en un entorno residencial privado, sin consulta vecinal ni participación pública previa.
Urbanismo detecta deficiencias documentales graves
La resolución municipal exige la presentación, en un plazo de diez días naturales, de la documentación técnica obligatoria: el proyecto de ejecución visado, certificados de los directores de obra, la separata contra incendios, y la correspondiente separata urbanística o, en su defecto, el certificado de innecesariedad. De no cumplirse este requerimiento, o si los documentos no se ajustan a la normativa, la declaración responsable será invalidada y se abrirá expediente para restituir la legalidad urbanística, lo que podría conllevar la paralización definitiva de las obras.
En caso de que la documentación se aporte y reciba el informe favorable del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, la suspensión se levantaría automáticamente, permitiendo continuar las actuaciones previstas.
Rechazo vecinal a una instalación impuesta
Desde el pasado 24 de abril, cuando la Junta de Andalucía adjudicó a Meridianos la gestión del nuevo centro —tras el cierre del anterior en Torremolinos—, el malestar vecinal en Churriana no ha cesado de crecer. Los vecinos denuncian que el edificio elegido es una antigua residencia religiosa, no cumple los requisitos técnicos exigidos y su ubicación es inadecuada por tratarse de una zona residencial privada.
“Sería el único centro de estas características en Andalucía en un entorno semejante”, señala Alejandro Vedía, presidente de la comunidad de propietarios afectada.
El propio Informe Técnico de Valoración del concurso de adjudicación, en su apartado de Recursos Materiales, puntuó con 0,75 sobre 3 la propuesta de Meridianos, subrayando “contradicciones entre memoria y planos”, “inadecuada planificación funcional” y “falta de correspondencia entre los espacios ofertados y los exigidos”.
Falta de transparencia y ausencia de participación ciudadana
Los vecinos denuncian, además, que las obras comenzaron incluso antes de la adjudicación oficial, incluyendo apertura de huecos en fachadas, tala de árboles sin autorización, y ningún tipo de consulta pública. “Nos enteramos por la prensa”, lamenta Vedía, que califica la actuación como “un atropello institucional”.
Ante la falta de respuesta satisfactoria, los residentes han promovido diversas acciones: pancartas de protesta, la recogida de más de 1.500 firmas, y reuniones con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien se ha comprometido a visitar la zona y evaluar personalmente la situación.
Además, se ha presentado una denuncia ante Parques y Jardines por la posible tala ilegal de árboles durante las obras. La resolución municipal representa, por ahora, un logro importante para los vecinos de Churriana, que exigen rigor legal, seguridad y respeto al entorno residencial.
