Se investigan presuntos delitos contra la integridad moral, lesiones y amenazas en el centro ‘La Fortaleza I’, en Santa Brígida, gestionado por Quórum 77
La Policía Canaria detuvo a nueve empleados del centro de menas de Santa Brígida (Gran Canaria), clausurado este lunes, por su posible implicación en delitos de lesiones, amenazas y atentados contra la integridad moral.
Desde primera hora del día, agentes del cuerpo autonómico en funciones de Policía Judicial se encontraban en el centro para menores Emena La Fortaleza I, gestionado por la entidad Quórum 77, en la localidad de Monte Lentiscal (Santa Brígida, Las Palmas).
Su objetivo fue registrar las instalaciones en busca de pruebas relacionadas con una investigación iniciada por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.
Una vez cumplidas las órdenes judiciales de clausurar y precintar el recinto, los agentes arrestaron a nueve trabajadores y responsables del centro. El lugar, que en el pasado albergó a menores bajo medidas judiciales, albergaba actualmente a menores inmigrantes ilegales llegados en patera.
Según informaron a EFE fuentes de la investigación, la Policía continuaba recabando pruebas e información sobre las actividades en el centro. No se descartaban más detenciones en el transcurso de las diligencias.
Opacidad con los delitos investigados en el centro de menas
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias comunicó que el juez especializado envió a los agentes al centro “ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de su actividad”.
El caso se encontraba bajo secreto de sumario, por lo que apenas trascendieron detalles sobre lo ocurrido en el interior del recinto.
Sin embargo, se conoció que el juez solicitó a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias que “procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían”, al estar bajo tutela autonómica.
Precedentes de despidos en circunstancias similares
Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia de Canarias, afirmó que en los últimos tres meses su departamento logró que varias ONG despidieron a trabajadores implicados en “una falta de buen trato” hacia los menas.
Añadió que esas decisiones se tomaron tras denuncias por vulneraciones graves del interés superior del menor y que las ONG respondieron con los despidos correspondientes.
