“Debemos atender la demandas de la sociedad, que lleva años exigiendo ejemplaridad e igualdad entre la ciudadanía y sus representantes políticos”
“Sánchez quiere quitar el aforamiento. El presidente del Gobierno quiere que la medida entre en vigor en tan solo 60 días”. Es el titular del El País del 17 de septiembre de 2018.
El propio Sánchez publicó un post muy clarificador en el antiguo Twitter:
“Acabo de anunciar que este viernes llevaremos al #CMin la reforma de la #Constitución sobre los aforamientos. Debemos atender la demandas de la sociedad española, que lleva años exigiendo ejemplaridad e igualdad entre la ciudadanía y sus representantes políticos”. Era el 19 de septiembre de 2018.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 30 de noviembre de 2018 el anteproyecto de ley para reformar la Constitución y “limitar el alcance de los aforamientos previstos en la Constitución Española para que únicamente resulten aplicables en relación con los delitos que los parlamentarios y los miembros del Gobierno puedan cometer en el ejercicio directo de sus funciones y durante el período de su mandato”.
En enero de 2019 el Ejecutivo registró el texto en el Congreso, pero caducó el 27 de marzo por el adelanto electoral de abril.
Desde entonces, y como evidencia el caso del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz y el aforamiento exprés del socialista Gallardo, implicado en este supuesta trama de corrupción, el presidente no ha movido un dedo en este sentido. Más, al contrario. Parece una alegoría al propio aforamiento…
Comunidades que sí han eliminado aforamientos
Sin embargo, por poner ejemplos, las comunidades Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón han eliminado ya de sus Estatutos de Autonomía los aforamientos para sus diputados y miembros del Gobierno regional, de modo que ya pueden ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios.
Estas modificaciones autonómicas se han producido antes de la reforma de la Constitución que prometió en 2018 el presidente del Gobierno, para eliminar los fueros a nivel nacional, que sigue congelada.
La última comunidad en sumarse fue Aragón, después de que las Cortes aprobaran definitivamente a finales del año 2022 la reforma de su Estatuto mediante la que se suprimen los aforamientos de los miembros del Gobierno regional y de los diputados autonómicos, entre otras cosas.
Antes, a mediados de 2021, el Congreso y el Senado apoyaron la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja que suprime los aforamientos y limita a dos los mandatos de su presidente, entre otras medidas.
También en 2021, Cantabria y Murcia hicieron efectiva su reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía para poner fin a los privilegios jurídicos, con la práctica unanimidad del Parlamento.
Canarias, pionera
Fue Canarias la primera comunidad autónoma que superó los trámites parlamentarios para hacer efectiva la reforma de su texto fundamental para acabar con estos aforamientos. La supresión se hizo efectiva en las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo de 2019.
