Condenados a 7 años y 4 meses de cárcel por la operativa delictiva que tramaron para captar fondos para el Grupo ocultando su insolvencia
La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años y 4 meses de cárcel a seis hijos del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la operativa delictiva puesta en marcha para captar fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011.
También se condena a 6 años y 3 meses de prisión a su compinche, José Ramón R., director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como ‘banquito de Jerez’.
La Sala impone la pena de 6 años y 5 meses de cárcel a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo, quien figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del Grupo. Igualmente condena a Ángel C., Fernando Juan L. e Iván L. a penas de entre 3 y 5 meses de prisión por delito de alzamiento de bienes.
La sentencia condena a los hermanos Ruiz-Mateos, junto con Zoilo y el administrador del ‘banquito’ a indemnizar a los perjudicados en la presente causa.
Conglomerado opaco de sociedades en paraísos fiscales
La sentencia explica que el ‘Grupo Nueva Rumasa’ estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades. Aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes -Belice, Panamá y Holanda-, lo que unido al empleo de testaferros dotó “al entramado de un considerable grado de opacidad”.
Según la sentencia, a principios del año 2009 la situación económica y financiera del ‘Grupo Nueva Rumasa’ era de una considerable gravedad, pues tenía deudas millonarias acumuladas y carecía de liquidez para afrontar sus compromisos económicos.
“Ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables del ‘Grupo Nueva Rumasa’, ocultando dicha situación crítica (…) decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público (…) y hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas”, relata.
Ante la ruina del Grupo, buscaron préstamos de particulares con una campaña que ocultaba su insolvencia
Para captar fondos, los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso, junto con su padre, decidieron apelar al ahorro del público mediante agresivas campañas mediáticas en las que ofrecían invertir en sus sociedades a cambio de elevados intereses, publicitando una falsa imagen de solvencia empresarial del ‘Grupo Nueva Rumasa’.
Según el tribunal, el mecanismo ideado por los acusados consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante pagarés emitidos y avalados por sociedades del ‘Grupo Nueva Rumasa’, ocultando siempre su situación real de insolvencia.
Los fondos captados se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde la que luego se redistribuían al resto de sociedades del ‘Grupo Nueva Rumasa’ en función de sus necesidades particulares: adquisición de bienes de la familia Ruiz-Mateos -vehículos e inmuebles-, bajo la titularidad de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades beliceñas. También se acreditaron pagos de gastos corrientes vinculados a estos bienes.
Alzamiento de bienes y testaferros para eludir embargos y querellas
A partir del mes de marzo de 2011, con el fin de paralizar las ejecuciones derivadas de las numerosas obligaciones de pago que iban venciendo diariamente, se empezaron a presentar solicitudes de declaración de concurso voluntario de las principales empresas productivas del ‘Grupo Nueva Rumasa’.
Previendo el cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales derivadas de sus prácticas ilegales (por la imposibilidad de devolver las cantidades millonarias captadas de los inversores), y ante inminentes embargos judiciales y acciones legales de miles de perjudicados, los acusados pusieron en práctica estrategias, como transmitir las empresas del ‘Grupo Nueva Rumasa’ a otras personas o situar el patrimonio adscrito a esas sociedades a resguardo de eventuales acciones judiciales.
