‘La reforma legislativa regresiva y la presión política directa son una intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho’
Sánchez ha obtenido de nuevo notoriedad internacional, no por su irrelevante papel fuera de las fronteras de España, sino por la gravedad de las reformas emprendidas para socavar la independencia del Poder Judicial. En ese sentido, el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados emitió un demoledor comunicado tras su reunión anual celebrada en Quito.
Según alertan los magistrados iberoamericanos: «Los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan«.
El documento expone cómo el gobierno español, asediado por investigaciones judiciales de corrupción que afectan incluso a la familia presidencial, emprendió la involución que, con demoledoras consecuencias, ya sufrieron otras naciones: «primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza».
Comunicado íntegro de la Unión Internacional de Magistrados
Por su interés, y la excelente descripción de la situación que sufre España, LA BANDERA reproduce íntegro el comunicado de los magistrados iberoamericanos de la UIM.
El poder judicial es uno de los tres poderes del Estado. Su independencia no es una concesión del Ejecutivo ni una excepción administrativa: es una garantía constitucional para todos los ciudadanos. Allí donde esta premisa empieza a discutirse o relativizarse, la democracia se debilita.
En los últimos tiempos, diversos países han experimentado dinámicas preocupantes: reformas legislativas dirigidas a controlar la judicatura, declaraciones públicas que desacreditan a jueces concretos y diseños normativos que alteran el acceso a la carrera para introducir fórmulas más “gestionables”.
España, lamentablemente, está empezando a destacarse en ese camino.
Una reforma que desborda su ámbito y vulnera la separación de poderes
La tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal excede con mucho lo que su título sugiere. No fortalece, sino que modifica los equilibrios internos del Poder Judicial y altera las condiciones de acceso y promoción, con efectos profundos y duraderos:
Introduce criterios de selección alternativos al sistema de oposición, reduciendo el filtro objetivo y abriendo la puerta a valoraciones más subjetivas o dependientes.
Aumenta la inseguridad funcional, consolidando figuras temporales o interinas que no disfrutan de las mismas garantías.
Refuerza la capacidad del Ejecutivo en la configuración del sistema, tanto directa como indirectamente.
Todo ello con una narrativa que habla de modernización, cuando en realidad se está legislando para debilitar la independencia judicial desde dentro.
Presiones públicas y descrédito institucional
A la reforma se suma un contexto de presión política cada vez más evidente. Miembros del Gobierno de España han realizado declaraciones públicas desacreditando a jueces que instruyen procedimientos sensibles, relacionados con el entorno del presidente del Gobierno.
Se han cuestionado sus méritos, su capacidad y su imparcialidad, en tono claramente despectivo, con el objetivo —implícito pero evidente— de socavar su autoridad y condicionar su actuación.
Este tipo de conductas, impropias de una democracia madura, forman parte de un patrón que hemos visto en otros países: primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza.
No es una anomalía aislada: es una tendencia internacional
En otros países, se ha demostrado cómo el debilitamiento de la justicia no suele comenzar con grandes golpes institucionales, sino con reformas legales técnicamente justificadas y discursos que acusan a los jueces de elitismo, corporativismo o resistencia al cambio.
La experiencia comparada enseña que los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan.
En vista de los anteriores antecedentes
El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados -UIM expresa su preocupación ante el rumbo que está adoptando España. La combinación de reforma legislativa regresiva y presión política directa configura un escenario de intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho.
Por ello:
Reclamamos la retirada o revisión sustancial del Proyecto de Ley Orgánica, respetando los principios de acceso por mérito, igualdad y objetividad.
Rechazamos toda forma de presión política sobre jueces y tribunales, especialmente cuando proviene de miembros del Ejecutivo.
Alertamos sobre los riesgos que esta reforma representa, tanto para la independencia judicial como para la salud democrática de España, constituyendo un peligroso precedente.
Porque el Poder Judicial no es un obstáculo a gestionar, ni una estructura a “ordenar”. Es una garantía, y lo es para todos los ciudadanos.
Dado en Quito, Ecuador, el 28 de mayo de 2025.
Magistrado WALTER BARONE
Presidente Grupo IBA-UIM
