La causa queda a la espera de la UCO y el papel que dé a Santos Cerdán en la trama en un inminente informe
Los investigadores de la causa contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por delitos de corrupción en el Tribunal Supremo dan por acabada la instrucción. Consideran que existen indicios suficientes para que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, procese al político, tal y como confirma ABC.
Las afirmaciones de Víctor de Aldama, representante de Soluciones de Gestión, la compañía que se llevó contratos públicos para traer material sanitario, que habría pagado comisiones ilegales al exministro Ábalos o a su asesor Koldo, han encontrado respaldo según las fuentes de la investigación consultadas por ABC.
Entre ellos, el pago de un alquiler vacacional en La Alcaidesa (Cádiz) a través de la sociedad Have Got Time ligada a Claudio Rivas, socio de Aldama en el negocio de los hidrocarburos. O el alquiler mensual de 2.700 euros de un lujoso piso en la madrileña Plaza de España para la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, del que se ocupó Luis Alberto Escolano, socio y hombre de confianza del empresario investigado. Todo ello junto a los pagos periódicos de 10.000 euros al mes para Koldo García… Esos son los indicios que más pesan contra el ex número tres del PSOE hasta julio de 2021. Pero no son los únicos, como desvela ABC.
Jésica y Claudia
El instructor ha abierto líneas de investigación paralelas a raíz de las declaraciones de testigos. Por las citaciones a raíz de sus afirmaciones se conoció la contratación tanto de Jésica Rodríguez como de una segunda mujer vinculada a Ábalos y Koldo García, la Miss Asturias 2017 Claudia Montes, en las empresas públicas Ineco, Tragsa y LogiRail.
La única vía abierta por Aldama que los investigadores no tienen aún atada es la del supuesto amaño de la Dirección General de Carreteras por parte de Ábalos, Koldo García y Aldama para que adjudicatarias les pagaran comisiones ilegales de entre un 1 y 1,5%.
Santos Cerdán y el cupo vasco
Aldama presentó un listado de licitaciones que, según su versión, se habrían trucado y una pericial caligráfica ordenada por el juez instructor demostró que unas anotaciones al margen eran del asesor del exministro.
En este contexto, el comisionista investigado sacó a relucir en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Supremo el nombre del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien afirmó que había entregado un sobre con 15.000 euros enfrente de la sede de Ferraz. Sostuvo que el político llevaba «el cupo en el País Vasco», como si tuviera que darle ese dinero para evitar un choque con él porque una constructora se llevase una de las adjudicaciones de obra de carretera.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregará en los próximos días al juez un informe en el que se espera acote si encuentra algún indicio de la participación en la trama del ‘número 3’ del PSOE.
